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sábado, 25 de julio de 2020

Cambios en el sentido de la lucha obrera sindical en tiempos de COVID


Luis Fernando Castro López


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Fotografía:  https://www.paginasiete.bo, 28/06/2020
En las últimas semanas, la salida de la cuarentena rígida a una cuarentena dinámica ha servido para que las tensiones generadas por intereses opuestos, se manifiesten públicamente, mediante manifestaciones, movilizaciones y medidas de presión. Solo en la primera semana de la cuarentena dinámica, las oficinas del Ministerio de Trabajo fueron asediadas por largas filas de trabajadores asalariados, con denuncias de despidos y violaciones a sus derechos laborales[i]. Por su lado, los maestros rurales y urbanos, protagonizan piquetes de huelga de hambre y varios sectores sociales se declararon en emergencia, frente al despido masivo de sus afiliados. Ante este escenario, nos preguntamos ¿Cuál es la perspectiva de la lucha obrera ante la crisis económica y sanitaria en Bolivia?

1. LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES ANTES DE LA CRISIS SANITARIA

Si bien la crisis sanitaria ha tenido consecuencias específicas sobre la situación del trabajo, es necesario hacer un análisis de la condición de los trabajadores,  previa  a la pandemia y a la cuarentena.

La recesión económica a nivel mundial, empezó a tener efectos significativos en Bolivia, desde el año 2014; todos los indicadores de producción y de empleo del año 2013 empezaron a caer[ii]. Por ejemplo, la Tasa de Crecimiento del PIB a precios constantes, que llego a casi 7% el año 2013, fue cayendo, hasta que, en los años 2018 y 2019, oscilo entre el 4 y el 4,5%. Entre el 2013 y el 2019, el porcentaje de obreros asalariados cayó entre 6 y 7 %. En el mismo periodo, el empleo en el sector empresarial se redujo en 7% y en el sector semi-empresarial, en 3%[iii]. En cuanto a la creación y cierre de empresas, desde el 2014, se produjo una caída constante de la cantidad de empresas creadas[iv]. En esta situación, los despidos aumentaron y, en consecuencia, los episodios de protesta y los procesos judiciales por problemas laborales. En este periodo, como no podía ser de otra manera, la contienda, entre obreros, patrones y gobierno, se dio; principalmente, en torno al problema de la estabilidad laboral[v]. Esta disputa se produjo; sobre todo, en el espacio legal, donde las burocracias buscaban normas que aseguren la estabilidad de los sindicalizados, mientras los patrones recurrían a una serie de medidas legales, para desvincular a trabajadores. Por su parte, los sindicatos de base estaban atrapados con la patronal, en reyertas propias del sindicalismo legalista[vi].

Para el 2018, la posición pro patronal del gobierno, se fue acentuando y, frente al peligro de movilizaciones, el gobierno del MAS,  intervino a las direcciones sindicales contestatarias e impuso la elección de Juan Carlos Guarachi como ejecutivo de la COB. La intervención directa del gobierno, en las principales organizaciones sindicales, fue la manifestación concreta de una crisis de hegemonía de la burocracia afín al MAS, al interior de la COB; una crisis de hegemonía que, meses antes de las elecciones nacionales, se manifestó en movilizaciones obreras fuera del control de las direcciones sindicales; se vivía un proceso de separación de las bases obreras, de sus direcciones sindicales[vii].

Durante la protesta de la clase media, liderada por los partidos de derecha y los comités cívicos; la escasa convocatoria de la COB se debió a esta crisis de dirección; de hecho, algunas organizaciones obreras, se unieron a los comités cívicos y otras pocas, salieron a defender al gobierno del MAS, mientras la mayor parte del proletariado sindicalizado estuvo orgánicamente desmovilizado.  En la situación previa a la crisis generada por la pandemia, se tiene; entonces, una crisis económica, la reducción del empleo asalariado, que se manifiesta en procesos de despido y cierre de empresas y una crisis de hegemonía al interior de la COB.

2. EL CAMBIO CUALITATIVO EN LA DISPUTA ENTRE OBREROS Y PATRONES

En el nuevo gobierno de facto de Añez, la disputa entre obreros y patrones, se da en medio de la escalada de contagios del COVID 19 y la implementación de un periodo de cuarentena que, hasta la fecha, no ha concluido; se vive; actualmente, una crisis sanitaria por el aumento de contagios y la saturación del sistema de salud.

Fotografía: RENNO - Noticias Obreras, 11/07/2020
En todo este tiempo de cuarentena, las tendencias negativas en el crecimiento del empleo se acentuaron, según los datos del INE, la tasa de desempleo abierto ha crecido de manera sostenida desde octubre de 2019 (mes en que empezaron las movilizaciones sociales contra el MAS); pero desde abril (mes en que empezó la cuarentena), la tasa de desempleo abierto alcanzó un significativo 7 %[viii].

Si bien el gobierno decretó normas que, en teoría, protegían el empleo en el tiempo de la cuarentena, en la práctica, estas medidas no fueron cumplidas por los empresarios, de hecho, el propio gobierno despidió a varios trabajadores de la administración pública. En las semanas de desarrollo de la cuarentena, hubo un aumento de denuncias, no sólo de despidos; sino también, de incumplimiento de medidas de bioseguridad en el trabajo y de la escalada de contagios en obreros de diversas empresas, denuncias frente a la las cuales, el actual gobierno no tomó medidas efectivas.

El aumento de contagios y muertes por COVID19 ha llevado a una crisis sanitaria y de colapso del precario sistema de salud, al mismo tiempo que aceleró la crisis económica en curso, empujando a las patronales a tomar medidas de hecho, para salvar su capital, con el consentimiento del actual gobierno. En estas circunstancias, si bien, la lucha entre obreros y patrones, se iba tornando cada vez más abierta antes de las elecciones nacionales de 2019, la caída de Evo Morales puso una pausa a ese proceso, pausa en la cual, los obreros estaban buscando reposicionarse, frente al ascenso del nuevo gobierno de facto. 

Con la crisis sanitaria acelerada por la pandemia, los enfrentamientos entre obreros y patrones, fueron modificándose en algunos términos. Los puntos de lucha en torno al problema de la estabilidad laboral se acentuaron, pero, además, ha emergido un espacio de contienda alrededor de las medidas de bioseguridad en el trabajo, donde obreros y patrones se disputan por definir quién va a cargar con la responsabilidad del contagio de COVID19.  La disputa entre obreros patrones y gobierno, cada vez más, gira entorno a quien va a terminar cargando las consecuencias de la crisis económica agudizada por la epidemia del COVID19.

 Hoy, con motivo  de la crisis sanitaria, el gobierno y los patrones están aplicando un plan de recorte y flexibilización laboral, de manera práctica, este plan no ha sido legalmente aprobado, porque su legalización provocaría una escalada acelerada de movilizaciones sindicales, que ahondaría la crisis política de un gobierno transitorio asentado en las armas.

La aplicación de este plan flexibilizador, por parte de las patronales, ha empujado a los obreros a adoptar medidas de presión y movilizaciones sectoriales, para la defensa de su trabajo y su salud. El escenario de luchas dejó de ser el espacio judicial (dominante en la época del MAS) y, cada vez más, los obreros toman las calles, esto se debe; no sólo a la posición pro patronal del gobierno central de Añez; sino también, a la ineficacia del espacio legal, para persuadir a los patrones, para   que cumplan la Ley[ix].

Los patrones están dispuestos a omitir cualquier responsabilidad legal con sus obreros, como es el caso ALFITIERS, donde los patrones se niegan a cumplir con la disposición judicial de reincorporación o en VIDRIOLUX, donde retiraron a trabajadores sin ninguna declaración de quiebra. También, utilizan diversas formas de presión, para que los obreros decidan retirarse voluntariamente. Los patrones ya no recurren a ninguna argucia legal, para  sus acciones, cada vez más, actúan de hecho, incluso en torno a los problemas de bioseguridad, las patronales toman la decisión de obligar a los trabajadores a trabajar aun con COVID, sin temor a alguna sanción penal.

Con el avance acelerado de la crisis, la lucha entre obreros y patrones se ha ido tornando más violenta, los obreros han tendido a establecer medidas de presión como el paro de la empresa (es el caso de los sindicatos de INCERPAZ, INCERCRUZ), con piquetes de huelga hambre (el caso del sindicato de FANCESA), también la realización de vigilias y  tomas de los lugares de ingreso de la fábrica (es la medida asumida por los sindicatos de PROSIL, ALTIFIBERS, del HOTEL PLAZA); al mismo tiempo, las medidas de presión de los obreros son respondidas con la intervención de las fuerzas represivas del Estado, como la intervención en la vigilia sindicato de ALTIFIBERS o la represión física a los obreros de INCERCRUZ. Los despidos masivos en la época de cuarentena y las muertes por COVID por la exposición de los obreros al contagio, van planteando al asalariado en general; y al movimiento sindical en particular, una lucha por su sobrevivencia, como decía un obrero fabril, “ahora los obreros estamos viviendo varias bajas, varios estamos muriendo, hoy nos estamos jugando nuestra vida porque estos nos quieren eliminar”[x]. Para los obreros, hoy el sindicalismo se está jugando una de sus cartas de sobrevivencia. Los llamados a marchas de protesta por parte de las federaciones departamentales de fabriles y las centrales obreras departamentales, muestran; justamente, que los obreros están tomando medidas de hecho, frente a “la masacre blanca”[xi] practicada por las patronales.

Esta situación pone a los obreros, en la encrucijada, de continuar la resistencia por la vía legal o adoptar la acción directa, como método de lucha.  Se trata un de un proceso de desprendimiento paulatino, de la lucha legalista que caracterizó a la práctica sindical durante la era del MAS[xii], hacia medidas de hecho, que la clase obrera va asumiendo, abriendo la posibilidad al desarrollo del “buen sentido obrero”[xiii], aun en su fase germinal.    

3.  LA COB FRENTE AL NUEVO ESCENARIO Y LAS ALTERNATIVAS DE LA LUCHA OBRERA EN CURSO      

Fotografía: https://www.radiofides.com, 14/07/2020
Si la burocracia dirigente de la COB, estaba viviendo una ruptura con sus bases, ¿Por qué hoy convoca a una movilización nacional? ¿Bajo qué certidumbre calculan que su llamado tenga la aceptación de las bases?

Al inicio del año, los obreros, bajo la consigna de independencia sindical, planteaban un recambio dirigencial en todos sus niveles; es decir, en un contexto de despidos masivos, de ascenso de un gobierno afín a los patrones, las bases obreras veían necesaria la reorganización de sus organizaciones sindicales, mediante la sustitución de la burocracia afín al derrocado gobierno del MAS, ya que estas dirigencias habían perdido legitimidad.

Sin embargo, la pandemia y el estado excepcional de cuarentena, ha frenado  este proceso, no sólo por la imposibilidad de que se realicen congresos y  elecciones directas; sino también, porque las medidas tomadas por el gobierno, en favor de la patronales, impusieron como prioridad,  dar una respuesta inmediata,  a las denuncias de incumplimiento patronal, de manera que se vive una ambiente de quiebre o división irresuelta entre las bases y dirección de la COB, en medio  una situación, que demanda la unidad frente al ajuste patronal impulsado por el gobierno de transición.

Por otro lado, el derrocamiento de Evo Morales, propicio la dispersión de la capa burocrática de dirigentes sindicales, que aun actúan de forma sectorial, así, mientras la burocracia de la COB y de las FSTMB convocó a la “Marcha por la salud, la vida, la educación y la estabilidad laboral”, contra el gobierno de Añez. Otros burócratas regionales tratan de impedir la movilización de los obreros y reencauzar la lucha por la vía legal.

La presión de las bases es un elemento determinante de la acción calculada de la burocracia. En un contexto de escalada de movilizaciones, la burocracia de la COB, ha encontrado una especie de respiro, se agarra de la demanda de unidad llamando a acciones de movilización, en un momento en que los obreros necesitan adoptar medidas más contundentes, para frenar el avance patronal. Tanto la demanda de elecciones, frente al intento reiterado de prorrogarse del gobierno de transición, como el llamado a la marcha, son acciones de la burocracia en busca de reposicionarse; de mejor manera, en la actual situación política. Con la presión por elecciones, buscan cambiar el escenario político a su favor, con el posible regreso del MAS al poder.

Cabe preguntarse, hasta donde, la burocracia de la COB, bajo la visión legalista y reformista, en su práctica sindical[xiv], podrá liderar una lucha sostenida contra la patronal y el gobierno. Por su lado, las bases obreras están más dispuestas al enfrentamiento, se vive un ascenso en el ánimo de los obreros, en medio de la desconfianza y el rechazo a sus líderes sindicales y de la despolitización a la que fueron sometidos en la era del MAS.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia del COVID ha acentuado la crisis que se desarrollaba desde hace unos años, propiciando un cambio cualitativo en la lucha entre obreros, patrones y gobierno.

A diferencia de principios de año, los patrones adoptaron una postura más agresiva en  la ejecución de despidos y recortes al salario, lo que ameritó una respuesta con medidas de presión, por parte de los sindicatos obreros. La lucha cada vez se torna más directa y el espacio legal va siendo desplazado como escenario principal de disputa.

Los obreros sindicalizados hoy, se plantean la necesidad de ejercer métodos de lucha más allá de la via legal, frente a la posibilidad de que los despidos masivos pongan en peligro la vitalidad del movimiento sindical. La burocracia sindical de la COB consiente de esta necesidad, busca volver a juntarse con las bases mediante la convocatoria a marchas nacionales.

En este escenario, se pueden plantear; al menos, dos alternativas: que la burocracia movilice a las bases obreras en torno a sus intereses político-partidarios y que la clase obrera, en este proceso, no logre desprenderse de la capa burocrática actual o que el camino de la lucha directa derive en la independencia de los obreros sindicalizados, respecto de sus direcciones burocratizadas y permita el ascenso de nuevas direcciones sindicales, que encaminen   una nueva política sindical. En todo caso, el predominio de una u otra vía, dependerá de cómo cristalice el “buen sentido obrero” en una conciencia política de clase, alternativa a la del legalismo sindical, promovido por la burocracia de la COB.     



[i] Trabajadores presentan más de 400 denuncias de despidos en cuarentena. Publicado en http://www.laprensa.com.bo, el 06 de junio de 2020

[ii] Aillón, Tania (2019) “El empleo industrial dentro del patrón de acumulación primario exportador en Bolivia”. Ponencia presentada en el Encuentro de investigadores: “Avances y desafíos de la investigación en ciencias sociales en Cochabamba”, INCISO-UMSS (mimeógrafo),

[iii] Datos extraídos del Dossier de estadísticas, vol. 29. Publicado en www.udape.gob.bo

[iv] Castro, Luis F. (2018) “El trasfondo de la política del gobierno ante el cierre de empresas”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.

[v] Castro, Luis F. (2019) “La ausencia del movimiento obrero ante la derrota de Evo Morales”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.

[vi] Castro, Luis F. (2020) “Las implicaciones del legalismo burgués en la práctica sindical”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.

[vii] Castro, Luis F. (2019) “La ausencia del movimiento obrero ante la derrota de Evo Morales”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.

[viii] Datos extraídos de https://www.ine.gob.bo

[ix] En este camino, los asesores empresariales y otros abogados laboralistas, entraron en la discusión, sobre la determinación de legalidad y aplicabilidad de figuras legales que permitirían el retiro o, por el contrario, la reincorporación de trabajadores despedidos. Por ejemplo, sobre la causal de fuerza mayor, como figura de legal, para recorte de personal, hay laboralistas que interpretan esta causal, a favor de las patronales, mientras que otros descartan su aplicabilidad. En esta situación, se agudiza la contraposición de intereses y se visibilizan los límites de la norma, al sacar a luz que sus diferentes interpretaciones no están sujetas a la razón legalista, sino a la razón que se imponga fuera de la esfera legal. Como dice Marx, “entre derechos iguales decide la fuerza”. La pandemia ha exacerbado las confrontaciones entre interés de obreros y patrones, y finalmente, parece ser la fuerza, la que imponga su interpretación legal legítima.

[x] Testimonio extraído de la página de Facebook Trabajadores/as y sus derechos.

[xi] La expresión expresada en las resoluciones de los ampliados de las COD y federaciones departamentales.

[xii] Castro, Luis F. (2020) “Las implicaciones del legalismo burgués en la práctica sindical”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.

[xiii] Gramsci, Antonio (1985) Introducción al estudio de la filosofía, Barcelona, Editorial Crítica

[xiv] Castro, Luis F. (2020) “Las implicaciones del legalismo burgués en la práctica sindical”. Visto en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com, última vista el 24 de julio de 2020.


martes, 16 de junio de 2020

La orientación de la política laboral en tiempos de pandemia



Luis Fernando Castro López

Desde el inicio de la cuarentena, la movilización del trabajo asalariado se convirtió en un problema central, que exigió al gobierno, normativas específicas para su regulación, tanto en la etapa de cuarentena rígida, como en la  de cuarentena flexible. Sin embargo, durante la cuarentena rígida, se han denunciado diversos casos de abuso patronal y violación a los derechos laborales de los trabajadores.

Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 10/06/2020
Durante  la reapertura de las oficinas del Ministerio de Trabajo, se han recibido más de 400 denuncias por incumplimiento patronal[i], en la etapa de cuarentena rígida, ahora que se entró en la etapa de cuarentena flexible, parece que el incumplimiento patronal siguió aumentando, esto muestra el último pronunciamiento de estado de emergencia de los fabriles de Cochabamba, que están enfrentando situaciones de despidos injustificados. Parece importante; entonces,  reflexionar acerca  de: ¿cuál es la orientación de la política laboral del gobierno, durante la pandemia, que parece facilitar el incumplimiento patronal a los derechos de los trabajadores?

1. LA INERCIA DEL GOBIERNO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO PATRONAL

En la entrada a la cuarentena rígida, el gobierno aprobó normas que regularon la movilización de la fuerza de trabajo de diversas empresas, consideradas necesarias para la provisión de servicios básicos, por otro lado, estableció la permanencia y respeto de los derechos laborales de los trabajadores de empresas impedidas de funcionar por la cuarentena rígida. La resolución biministerial 001/20 del 13 de marzo, el D.S. 4196 y el D.S. 4199, regularon los lineamientos generales de bioseguridad, que las empresas deben asegurar, para prevenir el contagio de los obreros en el espacio de trabajo. Establecieron; además, una serie de licencias especiales a los trabajadores, más vulnerables, a los efectos mortales del COVID y regularon la jornada de trabajo y el procedimiento de notificación de casos sospechosos de COVID.

Pero, los lineamientos gubernamentales de prevención, no fueron acatados por las empresas, pese a que se determinó la clausura del establecimiento, como sanción por el incumplimiento a normas de bioseguridad. En consecuencia, hoy se tienen obreros contagiados por COVID. Muchos de estos casos, fueron denunciados por los obreros frente a la falta de respuesta de la empresa; es más, en varios de estos casos, se denuncia, que los patrones negaron la licencia en el trabajo, a los trabajadores que presentaban síntomas de COVID (los casos sobresalientes son los FAGAL, INGENIO GUABIRA, MATTO IMPORT- EXPORT, PLASTICOS BELEN, etc.)[ii]. Al mismo tiempo, proliferan las denuncias de empresas que no cumplen con los protocolos de bioseguridad y no dotan de ambientes adecuados, para preservar a los obreros de posibles contagios (entre los más emblemáticos: FAGAL, PEDIDOS YA!, INGENIO GUABIRA, PLASTICOS BELEN, UNAGRO, NUDELPA-COCA COLA, INDARA, EMPACAR, SAN AURELIO, etc.)[iii].

Algunos  asesores del empresariado privado, observan que es injusto responsabilizar al empresario por el contagio de COVID de sus trabajadores, porque  las empresas estarían cargando con las consecuencias de sus malas prácticas, fuera del trabajo, cosa que sale de su jurisdicción[iv]. Sin embargo, las noticias de múltiples contagios en empresas y de aislamiento por sospecha de contagio, sacan a relucir que las empresas, en general, no adecuaron el proceso de trabajo, para resguardar la seguridad de los obreros, frente al contagio del COVID.  Los mismos obreros testimonian temerosos, cómo varios de sus compañeros de trabajo, pudieron contagiarse en contacto con otros obreros que contrajeron COVID, debido justamente, a que no  se guarda la distancia necesaria, ni se cuenta  con los implementos  de bioseguridad (el caso del BELEN, SAN AURELIO, SOFIA, PLASTICOS BELEN, etc.).

Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 15/06/2020

Si bien las empresas no son las responsables directas de la aparición de la pandemia, las condiciones precarias de explotación de la fuerza de trabajo elevan el riesgo de contagio de los trabajadores. La mayoría de las empresas funcionan con infraestructura que apenas cubre los requerimientos de higiene exigidos en una situación normal; responder a una situación de extraordinaria, como la que se vive, requeriría de una transformación de  la infraestructura, que permita el distanciamiento, entre  los trabajadores que participan del proceso de trabajo, lo que implica gastos, que las empresas no están dispuestas a realizar; sin embargo, ellas obligan a movilizarse a los trabajadores, para ir al trabajo, exponiéndolos al contagio[v].

Por otro lado, muchos trabajadores, que pertenecían a empresas que debían cumplir la cuarentena rígida, denunciaron, cómo es que les obligaron a tomar vacaciones en el tiempo de cuarentena rígida, en otros casos; las patronales procedieron al despido de trabajadoras embarazadas o trabajadores, que podían acogerse a la licencia especial por tener a su cuidado, niños menores de cinco años[vi]. En estos casos, los más perjudicados, fueron los trabajadores con contratos fijos o bajo régimen laboral de consultoría[vii]. El mismo gobierno realizó una serie de despidos, al inicio de la cuarentena rígida en YPFB[viii] y al finalizar ésta, procedió al despido de 800 profesores[ix].

¿Qué acciones tomó el Ministerio de Trabajo frente al incumplimiento patronal? 

 Las grandes filas de denuncias por incumplimiento, cuando pasó la cuarentena rígida, sacan a la luz, que las denuncias vía electrónica, no fueron efectivas, y de hecho, las empresas gozaron durante el periodo de cuarentena rígida, de un gran espacio de libertad; solo la denuncia abierta de los trabajadores, a la prensa, fue la vía de presión a la patronal. En cuanto a las inspecciones en los espacios de trabajo, como testimonian los mismos trabajadores; los patrones los equiparon de material de bioseguridad, cuando se enteraron que venía la inspección.

 Las empresas bolivianas, que tenían permitido funcionar durante la cuarentena, al movilizar trabajadores, estaban rompiendo con el principio de la cuarentena, cuya finalidad es evitar el contacto y la concentración de personas, lo que las obligaba al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Al no cumplir con estas medidas, son responsables directas de los posibles contagios de COVID de los trabajadores; sin embargo, la determinación de estas responsabilidades no fueron fijadas, ni reguladas por el gobierno;  mientras que  la OIT recomendó incluir al COVID como una enfermedad profesional; durante la cuarentena rígida, el gobierno, sólo reguló el posible incumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero no   estableció medidas a tomar, en caso de que los contagios hubieran sido facilitados, por el incumplimiento patronal en normas de bioseguridad, ni se cargó a la empresa, la responsabilidad de los trabajadores contagiados por COVID.

 Mientras el gobierno hizo recaer sobre los individuos, la causal penal de atentado contra la salud pública, si se incumplían las normas que regían la cuarentena, so pena de terminar en la cárcel; se deslindó, en los hechos, de cualquier responsabilidad con la salud pública, a los patrones que fueron denunciados por incumplir las mínimas normas de bioseguridad y expusieron a los obreros al contagio por COVID, ¿es que, en este caso, no se estaba atentando, contra la salud de la población?

En consecuencia, en el transcurso de la cuarentena rígida, se constató el accionar ambiguo del gobierno, que es manifestación de  la contradicción, entre las funciones del Estado como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo (función que comprenden la aprobación de normas que regulaban y protegen la salud de los trabajadores y el empleo)[x] y por otro lado, su posición como institución, que depende de la apropiación del excedente generado, por la explotación de fuerza de trabajo en las fábricas.

2. EL RETROCESO DEL GOBIERNO EN EL RECONOCIMIENTO DEL COVID COMO ACCIDENTE LABORAL

Durante las semanas finales de la cuarentena rígida, el gobierno aprobó normas que regulan el regreso a las actividades laborales, según el nivel de riesgo de cada región o municipio.  En la mismas normas, se establece una ampliación de los rubros productivos, que pueden iniciar actividades y si bien al inicio de la cuarentena, la posición del gobierno, con respecto a designar al COVID, como enfermedad profesional no estaba clara, para el ingreso a la cuarentena flexible el ASUSS definió al COVID como accidente laboral, coincidiendo con las recomendaciones de la OIT[xi]:  ello obligaba  los patrones, a indemnizar a las familias, por el posible fallecimiento del trabajador debido la enfermedad del COVID 19.

Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 01/06/2020
Sin embargo, en el transcurso de las semanas posteriores a la emisión de este instructivo, las organizaciones patronales, como la CAINCO[xii], Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional)[xiii], empezaron una serie de presiones, para que el instructivo sea anulado, también, se manifestaron en contra, patrones ligados al gobierno transitorio, como es el caso de Samuel Doria Medina. Finalmente, el instructivo fue eliminado y se deslindó de cualquier responsabilidad a los patrones, quienes serán los principales beneficiados de la movilización de obreros durante la cuarentena flexible, en una etapa de ascenso de los contagios, que pone en riesgo a los obreros y trabajadores en general.

Además de la anulación de este instructivo, el gobierno entró en una contradicción, cuando la Resolución Ministerial 233, establece que las zonas en riesgo alto deben suspender las actividades laborales que no son necesarias, para sostener los   servicios básicos a la población, pero, la normativa de la cuarentena flexible, permite el funcionamiento de diversas ramas de la producción y extiende los horarios de trabajo. El reinicio de las actividades laborales, en medio de la subida de contagios de COVID-19, es una contradicción, que solo puede ser explicada, por las presiones de los patrones, para volver a las actividades productivas.

Si bien las primeras medidas establecidas por el gobierno, durante la cuarentena rígida,  mostraban la tensión,  entre las funciones del Estado, como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo y  su posición como institución que depende de la apropiación del excedente generado, por la explotación de fuerza de trabajo en las fábricas, las determinaciones de la cuarentena flexible, ponen al descubierto un gobierno de los patrones (CAINCO, Samuel Doria Medina), que de forma acelerada  va  echando por la borda la autonomía relativa del Estado, fuente de legitimidad de los gobiernos burgueses, cuando adopta una posición patronal de manera abierta; mientras que, para la resolución de los problemas obreros, por incumplimiento patronal, no ha dado ninguna medida efectiva de solución, sino que dilata su atención, en la perspectiva de cansar a los trabajadores.  

3. REFLEXIONES FINALES

La propagación pandémica del COVID saca a relucir la contradicción entre las funciones del Estado como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo y su posición como institución que depende de la explotación de fuerza de trabajo. Dentro de esta oposición de intereses entre Estado, patrones y trabadores, el gobierno, paulatinamente, asumió una posición abiertamente patronal, que se hace evidente, en su pasividad frente a las denuncias de los trabajadores, al mismo tiempo que en su complacencia con los pedidos patronales, aun cuando estos ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Con esta posición, el régimen actual, camina hacia una arriesgada subordinación del Estado a las decisiones patronales; a la perdida acelerada de la autonomía relativa de éste.  El cierre de fábricas y despidos masivos, muestra la posibilidad, de que a mediano plazo, el gobierno avale de manera abierta, medidas de flexibilidad laboral. Hoy los patrones discuten la posibilidad de acogerse a la figura jurídica de “Fuerza mayor”, para justificar medidas flexibilizadoras, en este camino, el gobierno, parece que jugará un papel protagónico a su favor.

Toda esta avanzada patronal, desde el Estado, se da en un escenario de desmovilización del movimiento obrero, resultado de años de burocratización y desmantelamiento de la capacidad movilizadora de los sindicatos, durante el régimen  del MAS, esto se hace evidente, en su lucha atrapada en el reclamo de medidas económico corporativas, que no logran desembocar en un proyecto político. Un proyecto político de los trabajadores, que unifique a los sectores subalternos; sin embargo, las condiciones de posibilidad se irán abriendo paso, a medida que las  necesidades de empleo para sobrevivir, que tienen los trabajadores, encuentren como traba, el proyecto flexibilizador de los patrones.



[i] Trabajadores presentan más de 400 denuncias de despidos en cuarentena. Publicado en http://www.laprensa.com.bo, el 06 de junio de 2020

[ii] Ver las siguientes publicaciones en https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras: Denuncia "en Ingenio Guabirá hay enfermos de covid-19 y se oculta, así se está poniendo en riesgo a todos los trabajadores, 01 de mayo de 2020; Muere obrero de Galletas Mabel´s (Fagal) por covid-19, 02 de mayo de 2020; Industrias Belen: Contagios se incrementan, empresa no costea pruebas rápidas, no paga sueldo puntual y exigen facturas para pago de primas,  10 de junio de 2020; Denuncia: Empresa Matto Import- Export SRL. confirma caso de covid-19 pero dueños instruyen continuar el trabajo sin cumplir normas de bioseguridad, 01 de junio de 2020.

[iii] Ver las siguientes publicaciones en https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras: Protesta de motoqueros de PEDIDOS YA! concluye con arrestos y multas, 28 de abril 2020; Denuncian caso positivo de covid-19 en Plásticos Belén y que los hacen hacer cola para lavarse las manos en un turril, 05  de mayo del 2020; Obrero de Unagro muere por covid-19 , hay otro positivo y 10 aislados, la empresa aún no realiza desinfección de la planta, 08 de mayo de 2020; Resolución expresa frente a los casos de covid en Nudelpa- Coca Cola del departamento de Beni, 14 mayo 2020;  Indara: convocatoria de emergencia el sindicato de trabajadores fabriles Indara SRL., 18 de mayo de 2020; Trabajadores denuncian caso positivo en empacar y falta de medidas de bioseguridad, 18 de mayo de 2020; Obreros en Belén denuncian que se los somete al extremo del medio sueldo, el hambre y aumentan a 20 los casos covid-19, 21 de mayo de 2020; En ingenio San Aurelio han fallecido dos trabajadores por covid-19 .denuncian que no les pagaron el 90% del salario de abril a los que ya tenían contrato, 05 de junio de 2020.

[iv] Webinar Situación laboral en tiempos de COVID-19. Alcances y retos de una nueva modalidad de trabajo. organizada por la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba.

[v] Abundan denuncias de empresas que no quieren desinfectar la empresa pese a tener trabajadores contagiados, también se denuncian las condiciones precarias de limpieza, etc.

[vi] Denuncias registradas en la página de Faceebook Ministerio de Trabajo Bolivia.

[vii] CEDLA  (2020) La cuarentena se acata, los derechos laborales se incumplen en Alerta

Laboral: Trabajadores y crisis del COVID-19: "llueve sobre mojado", Nº 87.

[viii] Protestan por inestabilidad laboral en petrolera boliviana YPFB. Publicado en https://www.telesurtv.net/, el 18 de febrero de 2020.

[ix] Maestros urbanos denuncian 800 “despidos” con declaratoria de acefalías. Publicado en ttps://www.la-razon.com, el 07 de mayo de 2020.

[x] Alvater, Elmar (976) “Estado y Capitalismo Notas sobre algunos problemas

de intervención estatal” en  Cuadernos Políticos, número 9, editorial Era, México, D.F., pp. 9-30.

[xi] Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ No. 003/2020, que determinaba que el Covid-19 debe ser catalogado como un accidente de trabajo

[xii] La Cainco pide dejar sin efecto catalogación de Covid-19 como accidente laboral. Publicado en: https://www.paginasiete.bo, el 22 de mayo de 2020

[xiii] Asosur y las cámaras de Comercio e Industria piden anular la disposición que califica al COVID-19 como accidente de trabajo. Publicado en https://www.la-razon.com, el 23 de mayo de 2020.


lunes, 18 de mayo de 2020

La ética burguesa y el “ajuste” patronal frente a la pandemia


Tania Aillón Gómez

     ¿Cómo se explica que una civilización que alcanzó una capacidad sin precedentes para aumentar la productividad del trabajo e inusitadas posibilidades para generar riqueza, conocimientos e investigación, encuentre tantas dificultades para controlar una emergencia mundial que pone en peligro la sobrevivencia humana?  Las respuestas se pueden buscar por distintas entradas, en este pequeño artículo trataremos de identificar alguna de ellas, analizando las prácticas de los patrones de fábricas, fundadas en la ética del mercado, para encarar la crisis derivada de la pandemia.

1. EL NUEVO RÉGIMEN Y LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

     En noviembre de 2019 ascienden al poder en Bolivia, herederos de la vieja oligarquía del oriente. Imbuidos de un “habitus” patronal que divide a la sociedad entre patrones y pongos, frente a la crisis de la salud pública, desatada por la pandemia en curso, parece prevalecer  la visión de que mueran los que tienen que morir, que son generalmente los más pobres, los que no tienen recursos para hacerse una prueba (costo aproximado de 100 dólares en un laboratorio privado) o llegar a hospitales privados (donde un día de estancia cuesta más o menos 1.500 dólares), para pagar con esas vidas,  la inmunidad de la población[i]. Una actitud de la clase dominante que indigna a muchos, pero que es preciso explicarla, para no tener la ilusión de que se trata de una actitud de “falta de humanidad o de “buena voluntad”, intentando apelar a una “esencia humana” que se les puede haber escabullido en algún rincón del alma, sino de un signo esencial de la forma ética como tal, dentro del capitalismo[ii].

     Cabe retomar; en este sentido, la visión de Marx sobre la esencia humana, en su crítica frente al idealismo de su época.  Para Marx, la esencia humana surge en cada caso, de una determinada forma social, no es un abstracto in situ que habita en el individuo particular o en un grupo de individuos, sino el “conjunto de las relaciones sociales” (Marx, sexta tesis sobre Feuerbach); en este sentido, la “esencia humana” que mueve las prácticas de la fracción de la clase dominante en el poder,  poco empáticas con la situación de los pobres, habrá que buscarla en el carácter de  las relaciones sociales mercantiles que sirven de sustento a la ética y a la moral burguesa desde sus orígenes, una ética y una moral que al tener como fin el sostén de los intereses particulares de los individuos (como poseedores de mercancías) contienen una duplicidad identificada por Pasukanis: “[E]l gran capitalista arruina “bona fide” al pequeño capitalista sin dañar por ello, el valor absoluto de la persona, la persona del proletariado es igual en principio a la del capitalista, esto se expresa en el libre contrato de trabajo, pero de esta misma libertad materializada, resulta para el proletariado, la posibilidad de morirse tranquilamente de hambre”[iii].

     El sustrato ético y moral de la gestión de la pandemia a cargo de la clase dominante está dentro de esta duplicidad burguesa, sustentado en el predominio del intercambio de equivalentes: los enfermos que no tienen el equivalente (dinero), para pagar el valor de la mercancía que requieren (servicios privados en salud), si mueren, su muerte no puede ser atribuida a la inmoralidad de los gobernantes, sino a un signo esencial de la forma ética dentro del sistema, el intercambio de equivalentes.  Esta misma lógica predomina en la gestión del trabajo fabril en los tiempos que corren, aspecto en el que a continuación nos centramos.

 

2. EL TRABAJO FORZADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA A TRASLUZ DE LA ÉTICA PATRONAL  

     A inicios de la pandemia, el gobierno estableció mediante decretos, la prohibición a los patrones de hacer funcionar las fábricas de productos que no sean esenciales, al mismo tiempo que dispuso que las fábricas de productos esenciales garanticen un trabajo en condiciones de bioseguridad. En el mismo sentido, se estableció la prohibición a los despidos en tiempos de pandemia y la obligación de que se paguen los salarios completos y puntualmente, ante una crisis de salud sin precedentes. Sin embargo, a lo largo de estos dos meses de cuarentena, en un escenario de cotidiana subida de enfermos y muertos por COVID-19; un escenario que debería conmover a los patrones, pero lo que encontramos es que de forma sistemática se fue poniendo en peligro la vida de los obreros, obligándolos a trabajar en condiciones precarias de bioseguridad. De ahí que casos positivos de COVID-19 se encuentren en fábricas como la de plásticos “Belén” (que no es precisamente una empresa de productos esenciales), donde a los obreros se les reparte a un  barbijo, para que dure 3 días; obligados a hacer una larga fila frente a un turril, para lavarse las manos; sin desinfección de las plantas productivas; sin agua para los servicios sanitarios; usando un bidón para echar agua a los baños, con el peligro de infectarse continuamente; un obrero  se refiere a estas prácticas de los patrones: “[P]arecería que la empresa quiere que nos enfermemos, para que por miedo al contagio renunciemos al trabajo”[iv].

     En condiciones de bioseguridad inexistente, no solo se propaga la enfermedad, sino que van muriendo trabajadores que se vieron obligados a ir a trabajar so pena de perder su puesto, en una sociedad en la que la posibilidad de su sobrevivencia depende de que se encuentre en el mercado un interesado en adquirir su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La prensa recoge noticias como la referida a la muerte de un obrero en la fábrica de galletas MABEL´S (FAGAL) por COVID-19[v], una fábrica que es propiedad de la transnacional NESTLÉ, cuyos propietarios se vieron obligados a levantar las operaciones, dando una semana de vacaciones forzosas sin reconocimiento de salario. Pasada la semana, los patrones dispusieron el retorno al trabajo sin realizar pruebas de COVID-19 a todo el personal de planta; en consecuencia, de acuerdo a denuncias de los trabajadores, se presentaron nuevamente más de una decena de casos positivos, pero la producción continúo.

     El ocultamiento de casos de COVID-19 en las fábricas, aparece como otra de las tantas practicas patronales, para eludir los costos que demanda la crisis sanitaria, aunque esto ponga en riesgo la salud de todos los trabajadores. El testimonio de un trabajador del ingenio azucarero GUABIRA da cuenta de ello: “[S]oy un trabajador del ingenio azucarero GUABIRA, quisiera pedir a las autoridades y los medios de comunicación que hagan algo ya que sólo entrevistan al presidente del ingenio y casi nunca a un trabajador, ahí verían ustedes en las condiciones que trabajamos, en medio de la crisis del COVID-19, nos dan sólo un barbijo para toda la semana, siendo que no sólo es para protegernos; sino también, para trabajar con el mismo y no aguanta ni una hora, y nos dotan de algunas protecciones cuando viene la prensa o alguna autoridad, nos vamos a nuestra casa en el colectivo totalmente lleno de trabajadores, y lo más grave, que no dan a conocer, que hay trabajadores, fraccionadores de azúcar, que han dado positivo con coronavirus, están en la caja Cordes, que también no lo dan a saber”[vi]. El chantaje parece ser otro recurso patronal, el obrero continuo: “[E]s lamentable que haya amenazas hacia los trabajadores con botarnos de nuestra fuente de trabajo si esto se da a conocer. Es triste decirlo, pero el ingenio GUABIRA está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y del pueblo de Montero”[vii].

 

La organización fabril de Santa Cruz, frente a estas prácticas denunciadas por los trabajadores ha solicitado que se apliquen pruebas de COVID -19 en las industrias que están produciendo, pero esta solicitud no fue atendida ni por las empresas ni por instancias estatales como la jefatura del trabajo o el SEDES. Un obrero denuncia: “[E]l gobierno procesa y encarcela por violar la cuarentena a muchos transeúntes sin permiso, pero a los dueños de las industrias no les dicen ni hacen nada, estamos muy preocupados y exigimos se pueda hacer una inspección a esta planta y que se obligue a la empresa a parar la producción, desinfectar toda la planta y tomar pruebas COVID-19 a todo el personal, solo así se sabrá quienes realmente están contagiados”[viii].

Los testimonios ilustran la duplicidad de la ética burguesa, que en el caso de la compra venta de la fuerza de trabajo aparece con toda claridad, por un aparte, reclama que el trabajador pague el “equivalente” del salario con su presencia en la fábrica (para hacer espetar la ética burguesa de intercambio de equivalentes), pero; por otra parte, escamotea el costo de barbijos u otras condiciones de salubridad poniendo en riesgo la vida humana. En este caso, la ética burguesa consiste en reducir al mínimo los costes de reproducción en condiciones de bioseguridad, para la fuerza de trabajo, con el fin de minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias dentro de las condiciones existentes. Estas prácticas de escamoteo que cobran vidas obreras están encubiertas por la propia moral y derecho burgueses: el que compró el trabajo por un salario tiene derecho a reclamarlo de acuerdo a las reglas del mercado, sacándole el mayor provecho posible, es decir, el uso más eficiente al bien adquirido[ix], dentro de esta moral instituida por el mercado, una vida humana vale menos que un barbijo. Pero, además, en una correlación de fuerzas desfavorable a la clase obrera, las instituciones del Estado hacen oídos sordos ante la denuncia de las prácticas patronales que atentan la salud de los trabajadores. Desde su moral, que es la moral burguesa regida por las leyes del mercado, esas prácticas no entran como delitos a la salud pública, porque responden a los legítimos requerimientos de la acumulación de capital. Sin embargo, con esa misma ética, es justo encarcelar a gente que sale a buscar el pan diario, expresando con justeza la moral de clase en la que se sustentan las prácticas represivas que ahora pone en marcha el gobierno.

3. EL DESPIDO MASIVO PARA “PRESERVAR EL EMPLEO” O LA DUALIDAD DE LA ÉTICA PATRONAL

Pese a la prohibición de desvinculaciones laborales en tiempos de pandemia, el predomino de la ética burguesa de las reglas del mercado se ha impuesto con toda su secuencia de incertidumbre, miedo e impotencia, para la clase obrera. La cuestión para los patrones es: ¿cómo me deshago de la fuerza de trabajo que resulta superflua (no necesaria para la producción capitalista) frente a la drástica contracción del mercado, a consecuencia de la pandemia?, es decir, ¿qué hago con la fuerza de trabajo que no tiene ya un equivalente de intercambio en el mercado? Porque en la medida en que los productos fabricados por esta fuerza de trabajo no se venden, no es posible recuperar la parte del valor de estas mercancías que corresponde al precio que el patrón paga por la fuerza de trabajo (salario), es decir, esta fuerza de trabajo ya no encuentra un equivalente en el mercado, y, por ende, tampoco es ya fuente de producción de plusvalía para el patrón, en la medida en que el plus producto encuentra serias dificultades para su realización. Por lo que el empleo de esta fuerza de trabajo, de acuerdo a los intercambios de equivalentes, base de la moral burguesa, ya no sería ético. 

Esta contracción del mercado como una de las manifestaciones de la recesión económica, no es algo nuevo, esto se fue viviendo ya desde el año 2014 en Bolivia  pero  si bien la recesión económica ya golpeaba a la producción nativa desde antes de la crisis política de octubre, los patrones bajo el gobierno de Morales  no aplicaron de forma abierta una política de despidos masivos; de forma alternativa, implementaban vacaciones obligatorias, reducción de cupos de producción, rotación de personal en puestos de trabajo, para neutralizar los efectos de la fuerza de trabajo que se iba convirtiendo en superflua[x]. Se podían escuchar reclamos por el retardo de pago de salarios o de otros beneficios, los patrones de forma persuasiva invitaban a la jubilación a los trabajadores mayores, etc. Luego de la crisis política de octubre noviembre de 2019, desde principios de año, estos reclamos de los trabajadores se fueron haciendo más notorios y más o menos continuos, los patrones percibían que el terreno de lucha había sido abonado a su favor con el cambio de gobierno y que ellos podían aspirar a avanzar en despidos y precarización de las condiciones laborales.

La justificación ideal para proceder con los “ajustes”, la patronal encuentra ahora en la cuarentena. Desde el mes de abril, aparecen con mayor frecuencia, las denuncias de no pago de salarios o de pago incompleto de salarios, como sucedió en la fábrica ALTIFIBERS TOP & HILOS, que desde marzo de este año no pago salarios y finalmente anuncio su cierre con el despido de 200 obreros[xi].  La reducción del salario es otra práctica patronal, combinada con el chantaje, es el caso de la empresa MERCADERES SRL DE MONTERO, que habría amenazado a los trabajadores con despidos si no aceptaban la  reducción del 50% de sus salarios[xii], el motivo  es la falta de presupuesto, frente al cual, los dueños de la empresa no quieren  llevar adelante los tramites de préstamo del banco, porque retardarían mucho sus actividades, les resulta más rápido y cómodo recortar el salario de los trabajadores o en su defecto despedirlos.   En el caso de CERAMICA NORTE (una de las más grandes productoras de ladrillos y tejas de Santa Cruz), la gerencia de la empresa llamó a los trabajadores, para señalarles que deben firmar su carta voluntaria de retiro, que se les pagaría su liquidación en distintas cuotas durante los próximos meses[xiii]. Otros patrones optan por el retiro directo, sin tomar en cuenta la normativa que protege la estabilidad laboral, es el caso de trabajadores en el sector del hotelería y la restauración, donde sobresale el Real Plaza Hotel de la ciudad de La Paz, cuyos trabajadores recibieron sus cartas de retiro masivo, toda vez que sus patrones firmaron un contrato con la alcaldía de La Paz, para que sus instalaciones reciban a los enfermos de COVID19. En el mismo sentido, a mediados de abril, los trabajadores de la empresa minera PAITITI en Santa Cruz denunciaban la masacre blanca de la que eran objeto, pese a que por norma en periodo de cuarentena, no podían ser despedidos, los patrones hicieron caso omiso de la norma dejando sin recursos a decenas de familia[xiv].

Esta es la prueba de que cuando la correlación de fuerzas es favorable a los patrones, éstos sobrepasan las normas e imponen con toda su fuerza la ética del mercado, con la obsecuencia del Estado, que en último término representa sus intereses. Pero el buen  olfato de la clase dominante la guía a avanzar más allá y mediante su representante oficial (el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia) manifiesta de forma fehaciente, lo imperativo de  flexibilizar las normas laborales, lo que en buen romance se debe entender como la legalización de sus prácticas de ajuste del empleo al tamaño del mercado: “ [N]osotros tenemos que preservar como primera prioridad la salud de la ciudadanía, pero tenemos que cuidar el empleo (…)tiene que haber alguna medida, para ampliar los empleos, una flexibilización laboral, hacer todos los esfuerzos para que las compras sean hechas en Bolivia, para garantizar la reactivación de todas esas empresas. Pero, el tema laboral es muy importante. Finalmente, las empresas pueden resultar inviables por tener una carga laboral demasiado pesada y eso atenta contra el bien mayor que es la conservación del empleo”[xv].

            Ocurre como magistralmente analizaba Marx en los Grundisse(1986), si el capitalista no necesita el plus trabajo del obrero, porque como en este caso,  con la pandemia, la capacidad de valorización de su capital se encuentra trabada,  el obrero se ve impedido de  producir su trabajo necesario; es decir, sus medios de subsistencia, y como en cuanto obrero solo puede vivir en la medida en que intercambie su capacidad de trabajo por la parte del capital que constituye el fondo de trabajo, el obrero  con su familia aparecen al margen de las condiciones de reproducción de su existencia, se convierte de la noche a la mañana en un “pauper”[xvi], porque no existe un equivalente en el mercado para cambiar su única mercancía, su fuerza de trabajo. Dentro de las reglas del mercado, para los patrones, lo racional es despedir a los trabajadores que le resultan superfluos, es además lo ético, en respuesta incluso al “bien común”, como se deduce de sus propios términos:  “[L]as empresas pueden resultar inviables por tener una carga laboral demasiado pesada y eso atenta contra el bien mayor que es la conservación del empleo”  Reaparece la dualidad de la ética burguesa,  la producción de un ejército de pobres, echados a la calle en plena pandemia, aparece como necesaria para cuidar el “bien común”, el empleo, que desde la moral burguesa está asociado a preservar su capital de los embates de la crisis. Expresando, como dice Pasukanis[xvii], las tres mascaras bajo las que aparece el hombre en la sociedad mercantil: como  sujeto egoísta (que debe perseguir y defender sus intereses como poseedor de capitales, en este caso) como sujeto jurídico (con el derecho de tomar la decisión de despedir trabajadores, porque el paga su equivalente en el mercado) y como persona moral (que preserva los intereses del bien común ). 

 

REFLEXIONES FINALES

Al inicio de nuestro artículo nos habíamos preguntado acerca de las serias dificultades que encentran los que regentan el sistema, para controlar una emergencia de salud mundial, que pone en el orden del día la sobrevivencia humana. Incluso en los países del centro del capitalismo contemporáneo, con suficiente riqueza acumulada, estas dificultades cuestan miles de vidas a diario. De acuerdo a nuestra reflexión,  una de las dimensiones explicativas creemos encontrarla en una ética patronal  que se funda en las reglas mercantiles; porque las practicas patronales que se inspiran en esa ética, no son un asunto privado, cuando sobrepasan el espacio de la fábrica y alcanzan el espacio público, afectando  la salud de todos.  La conducta de los patrones de fábrica en el mundo y específicamente en Bolivia, dirigidas a reducir sus costos de funcionamiento (ahorro en bioseguridad, ocultamiento de trabajadores enfermos, etc.) son incompatibles con la salud pública, atentan contra ella, porque pueden expandir la pandemia, como se interpreta de los testimonios de trabajadores. En el mismo sentido, el contenido implícito de la forma de gestionar la crisis de salud, por parte del gobierno, es otro atentado contra la salud pública.

Entonces, nos preguntamos: ¿es que la vida humana no vale nada? parece que en esta sociedad, solo vale si es capaz de encontrar, dentro de las reglas y ética del mercado, las posibilidades y los medios para preservarse; del mismo modo que la exposición al hambre por los despidos de trabajadores es un problema particular del obrero y su familia y sólo se convierte en un problema social, cuando la lucha obrera pone en apuros a los patrones o al gobierno, mientras tanto, pese a la crudeza que el hecho pueda contener, no conmueve al poder establecido, la inmoralidad de que los seres humanos mueran de hambre o por enfermedad en las calles.  En estas circunstancias, retomando a Pasukanis[xviii], las doctrinas morales que tienen la pretensión de cambiar el mundo y de mejorarlo, no son sino el reflejo deformado de un aspecto de este mundo real, el que muestra a las relaciones humanas sometidas a la ley del valor, un mundo donde una acción que es la encarnación verdadera del principio ético contiene, también, la negación de este principio. Por lo que la supresión de la duplicidad de la moral burguesa, que en las condiciones actuales atenta contra la salud pública y abre la posibilidad a la extinción del ser humano,  significa la ruptura con las bases materiales que la sustentan: la propiedad privada, la división del trabajo  y el mercado como regulador de las relaciones sociales; significa una sociedad donde los seres humanos puedan construir sus relaciones libres de prejuicios e intereses privados, mientras esto no suceda, incluso el concepto mismo de justicia estará atravesado por las relaciones  de intercambio mercantil[xix].

 

 



[i] No se trata de comentarios sin respaldo empírico, lo que exponemos se asienta en declaraciones consecutivas de dos ministros de salud de la presidenta Añez. Los dos hablaron de cifras sumamente preocupantes de enfermos y muertos, perfilando una catastrófica perspectiva.  A la vez, día que pasa somos testigos de declaraciones desesperadas, e incluso de amenazas de abandono de puestos de trabajo, y de huelgas por parte de los trabajadores en salud por la falta de condiciones para la realización de su trabajo. al respecto se peuden revisar las siguientes noticias: Bolivia: ministro de Salud de Bolivia traza panorama con “muchos fallecidos” por coronavirus, Publicado en: https://publimetro.pe, el 6 de mayo de 2020; Aníbal Cruz: En cuatro meses habrá 48 mil infectados por el COVID-19. Publicado en: www.paginasiete.bo, el 12 de abril de 2020.

[ii] Pasukanis, Ebgeni (1976) Teoría General del Derecho y marxismo. Barcelona: Editorial Labor Universitaria. 

[iii]  Ídem.

[iv] Publicado en: https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras, el  5 de mayo de 2020.

[v] Publicado en: https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras, el 02 Mayo de 2020.

[vi] Publicado en: https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras, el 1ro de mayo de 2020.

[vii] Ídem.

[viii] Ídem.

[ix] Marx, Karl (1985) El Capital, Volumen 1., Libro 1. México D. F.: Siglo XXI  Editores.

[x]  La dinámica de la ocupación ante la automatización de los procesos productivos. Publicado en: https://llankaymantabolivia.blogspot.com/, el 30 de abril de 2019.

[xi] Trabajadores denuncian despidos masivos y el cierre imprevisto de la empresa ALTIFIBERS. Publicado en www.youtube.com/watch?v=AeNaOhx3_ms, el 13 de mayo de 2020

[xii] Publicado en: https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras, el  23 abril de  2020.

[xiii] Ídem.

[xiv] Publicado en: https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras, el 16 de abril de 2020.

[xv] Barbery: Habrá que diferir pago de deudas e impuestos otros seis meses. Publicado en: www.paginasiete.bo, el 07 de mayo de 2020.

[xvi] (marx,1986)

[xvii] Pasukanis, Ebgeni (1976) Teoría General del Derecho y marxismo. Barcelona: Editorial Labor Universitaria. 

[xviii] Ídem.

[xix] Ídem.