Luis Fernando Castro López
Desde el inicio de la cuarentena, la
movilización del trabajo asalariado se convirtió en un problema central, que
exigió al gobierno, normativas específicas para su regulación, tanto en la
etapa de cuarentena rígida, como en la de cuarentena flexible. Sin embargo, durante
la cuarentena rígida, se han denunciado diversos casos de abuso patronal y
violación a los derechos laborales de los trabajadores.
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| Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 10/06/2020 |
1.
LA INERCIA DEL GOBIERNO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO PATRONAL
En la entrada a la cuarentena rígida,
el gobierno aprobó normas que regularon la movilización de la fuerza de trabajo
de diversas empresas, consideradas necesarias para la provisión de servicios
básicos, por otro lado, estableció la permanencia y respeto de los derechos laborales
de los trabajadores de empresas impedidas de funcionar por la cuarentena
rígida. La resolución biministerial 001/20 del 13 de marzo, el D.S. 4196 y el D.S. 4199, regularon los
lineamientos generales de bioseguridad, que las empresas deben asegurar, para
prevenir el contagio de los obreros en el espacio de trabajo. Establecieron;
además, una serie de licencias especiales a los trabajadores, más vulnerables,
a los efectos mortales del COVID y regularon la jornada de trabajo y el
procedimiento de notificación de casos sospechosos de COVID.
Pero,
los lineamientos gubernamentales de prevención, no fueron acatados por las
empresas, pese a que se determinó la clausura del establecimiento, como sanción
por el incumplimiento a normas de bioseguridad. En consecuencia, hoy se tienen
obreros contagiados por COVID. Muchos de estos casos, fueron denunciados por
los obreros frente a la falta de respuesta de la empresa; es más, en varios de
estos casos, se denuncia, que los patrones negaron la licencia en el trabajo, a los trabajadores que presentaban
síntomas de COVID (los casos
sobresalientes son los FAGAL, INGENIO GUABIRA, MATTO IMPORT- EXPORT, PLASTICOS
BELEN, etc.)[ii]. Al
mismo tiempo, proliferan las denuncias de empresas que no cumplen con
los protocolos de bioseguridad y no dotan de ambientes adecuados, para
preservar a los obreros de posibles contagios (entre los más emblemáticos: FAGAL, PEDIDOS YA!, INGENIO
GUABIRA, PLASTICOS BELEN, UNAGRO, NUDELPA-COCA COLA, INDARA, EMPACAR, SAN
AURELIO, etc.)[iii].
Algunos asesores del empresariado privado, observan que es injusto responsabilizar al empresario por el contagio de COVID de sus trabajadores, porque las empresas estarían cargando con las consecuencias de sus malas prácticas, fuera del trabajo, cosa que sale de su jurisdicción[iv]. Sin embargo, las noticias de múltiples contagios en empresas y de aislamiento por sospecha de contagio, sacan a relucir que las empresas, en general, no adecuaron el proceso de trabajo, para resguardar la seguridad de los obreros, frente al contagio del COVID. Los mismos obreros testimonian temerosos, cómo varios de sus compañeros de trabajo, pudieron contagiarse en contacto con otros obreros que contrajeron COVID, debido justamente, a que no se guarda la distancia necesaria, ni se cuenta con los implementos de bioseguridad (el caso del BELEN, SAN AURELIO, SOFIA, PLASTICOS BELEN, etc.).
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| Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 15/06/2020 |
Si bien las empresas no son las responsables
directas de la aparición de la pandemia, las condiciones precarias de
explotación de la fuerza de trabajo elevan el riesgo de contagio de los
trabajadores. La mayoría de las empresas funcionan con infraestructura que
apenas cubre los requerimientos de higiene exigidos en una situación normal;
responder a una situación de extraordinaria, como la que se vive, requeriría de
una transformación de la infraestructura,
que permita el distanciamiento, entre los trabajadores que participan del proceso de
trabajo, lo que implica gastos, que las empresas no están dispuestas a realizar;
sin embargo, ellas obligan a movilizarse a los trabajadores, para ir al
trabajo, exponiéndolos al contagio[v].
Por otro lado, muchos trabajadores,
que pertenecían a empresas que debían cumplir la cuarentena rígida, denunciaron,
cómo es que les obligaron a tomar vacaciones en el tiempo de cuarentena rígida,
en otros casos; las patronales procedieron al despido de trabajadoras
embarazadas o trabajadores, que podían acogerse a la licencia especial por
tener a su cuidado, niños menores de cinco años[vi]. En estos casos, los más
perjudicados, fueron los trabajadores con contratos fijos o bajo régimen
laboral de consultoría[vii]. El mismo gobierno realizó
una serie de despidos, al inicio de la cuarentena rígida en YPFB[viii] y al finalizar ésta,
procedió al despido de 800 profesores[ix].
¿Qué acciones tomó el Ministerio de Trabajo
frente al incumplimiento patronal?
Las grandes filas de denuncias por
incumplimiento, cuando pasó la cuarentena rígida, sacan a la luz, que las
denuncias vía electrónica, no fueron efectivas, y de hecho, las empresas
gozaron durante el periodo de cuarentena rígida, de un gran espacio de libertad;
solo la denuncia abierta de los trabajadores, a la prensa, fue la vía de
presión a la patronal. En cuanto a las inspecciones en los espacios de trabajo,
como testimonian los mismos trabajadores; los patrones los equiparon de
material de bioseguridad, cuando se enteraron que venía la inspección.
Las empresas bolivianas, que tenían permitido
funcionar durante la cuarentena, al movilizar trabajadores, estaban rompiendo
con el principio de la cuarentena, cuya finalidad es evitar el contacto y la
concentración de personas, lo que las obligaba al cumplimiento de las medidas
de bioseguridad. Al no cumplir con estas medidas, son responsables directas de
los posibles contagios de COVID de los trabajadores; sin embargo, la
determinación de estas responsabilidades no fueron fijadas, ni reguladas por el
gobierno; mientras que la OIT recomendó incluir al COVID como una
enfermedad profesional; durante la cuarentena rígida, el gobierno, sólo reguló
el posible incumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero no estableció medidas a tomar, en caso de que
los contagios hubieran sido facilitados, por el incumplimiento patronal en
normas de bioseguridad, ni se cargó a la empresa, la responsabilidad de los
trabajadores contagiados por COVID.
Mientras el gobierno hizo recaer sobre los
individuos, la causal penal de atentado contra la salud pública, si se
incumplían las normas que regían la cuarentena, so pena de terminar en la
cárcel; se deslindó, en los hechos, de cualquier responsabilidad con la salud
pública, a los patrones que fueron denunciados por incumplir las mínimas normas
de bioseguridad y expusieron a los obreros al contagio por COVID, ¿es que, en
este caso, no se estaba atentando, contra la salud de la población?
En consecuencia, en el
transcurso de la cuarentena rígida, se constató el accionar ambiguo del
gobierno, que es manifestación de la
contradicción, entre las funciones del Estado como mediador y asegurador de las
condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo (función que
comprenden la aprobación de normas que regulaban y protegen la salud de los
trabajadores y el empleo)[x] y por otro lado, su
posición como institución, que depende de la apropiación del excedente generado,
por la explotación de fuerza de trabajo en las fábricas.
2.
EL RETROCESO DEL GOBIERNO EN EL RECONOCIMIENTO DEL COVID COMO ACCIDENTE LABORAL
Durante
las semanas finales de la cuarentena rígida, el gobierno aprobó normas que
regulan el regreso a las actividades laborales, según el nivel de riesgo de
cada región o municipio. En la mismas
normas, se establece una ampliación de los rubros productivos, que pueden
iniciar actividades y si bien al inicio de la cuarentena, la posición del
gobierno, con respecto a designar al COVID, como enfermedad profesional no
estaba clara, para el ingreso a la cuarentena flexible el ASUSS definió al
COVID como accidente laboral, coincidiendo con las recomendaciones de la OIT[xi]: ello obligaba los patrones, a indemnizar a las familias, por
el posible fallecimiento del trabajador debido la enfermedad del COVID 19.
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| Fotografía: Noticias obreras - RENNO, 01/06/2020 |
Además de la anulación de este
instructivo, el gobierno entró en una contradicción, cuando la Resolución
Ministerial 233, establece que las zonas en riesgo alto deben suspender las actividades
laborales que no son necesarias, para sostener los servicios básicos a la población, pero, la
normativa de la cuarentena flexible, permite el funcionamiento de diversas
ramas de la producción y extiende los horarios de trabajo. El reinicio de las
actividades laborales, en medio de la subida de contagios de COVID-19, es una
contradicción, que solo puede ser explicada, por las presiones de los patrones,
para volver a las actividades productivas.
Si bien las primeras medidas
establecidas por el gobierno, durante la cuarentena rígida, mostraban la tensión, entre las funciones del Estado, como mediador
y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo
y su posición como institución que depende
de la apropiación del excedente generado, por la explotación de fuerza de
trabajo en las fábricas, las determinaciones de la cuarentena flexible, ponen
al descubierto un gobierno de los patrones (CAINCO, Samuel Doria Medina), que
de forma acelerada va echando por la borda la autonomía relativa del
Estado, fuente de legitimidad de los gobiernos burgueses,
cuando adopta una posición patronal de manera abierta; mientras que, para la
resolución de los problemas obreros, por incumplimiento patronal, no ha dado
ninguna medida efectiva de solución, sino que dilata su atención, en la
perspectiva de cansar a los trabajadores.
3. REFLEXIONES FINALES
La propagación pandémica del COVID saca
a relucir la contradicción entre las funciones del Estado como mediador y
asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo y
su posición como institución que depende de la explotación de fuerza de
trabajo. Dentro de esta oposición de intereses entre Estado, patrones y
trabadores, el gobierno, paulatinamente, asumió una posición abiertamente
patronal, que se hace evidente, en su pasividad frente a las denuncias de los
trabajadores, al mismo tiempo que en su complacencia con los pedidos
patronales, aun cuando estos ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Con
esta posición, el régimen actual, camina hacia una arriesgada subordinación del
Estado a las decisiones patronales; a la perdida acelerada de la autonomía
relativa de éste. El cierre de fábricas
y despidos masivos, muestra la posibilidad, de que a mediano plazo, el gobierno
avale de manera abierta, medidas de flexibilidad laboral. Hoy los patrones
discuten la posibilidad de acogerse a la figura jurídica de “Fuerza mayor”,
para justificar medidas flexibilizadoras, en este camino, el gobierno, parece
que jugará un papel protagónico a su favor.
Toda esta avanzada patronal, desde el
Estado, se da en un escenario de desmovilización del movimiento obrero, resultado
de años de burocratización y desmantelamiento de la capacidad movilizadora de los
sindicatos, durante el régimen del MAS,
esto se hace evidente, en su lucha atrapada en el reclamo de medidas económico
corporativas, que no logran desembocar en un proyecto político. Un proyecto
político de los trabajadores, que unifique a los sectores subalternos; sin
embargo, las condiciones de posibilidad se irán abriendo paso, a medida que
las necesidades de empleo para
sobrevivir, que tienen los trabajadores, encuentren como traba, el proyecto
flexibilizador de los patrones.
[i] Trabajadores presentan más de 400
denuncias de despidos en cuarentena. Publicado en http://www.laprensa.com.bo,
el 06 de junio de 2020
[ii] Ver las siguientes publicaciones en https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras:
Denuncia "en Ingenio Guabirá hay enfermos de covid-19 y se oculta, así se
está poniendo en riesgo a todos los trabajadores, 01 de mayo de 2020; Muere
obrero de Galletas Mabel´s (Fagal) por covid-19, 02 de mayo de 2020; Industrias
Belen: Contagios se incrementan, empresa no costea pruebas rápidas, no paga
sueldo puntual y exigen facturas para pago de primas, 10 de junio de 2020; Denuncia: Empresa Matto
Import- Export SRL. confirma caso de covid-19 pero dueños instruyen continuar
el trabajo sin cumplir normas de bioseguridad, 01 de junio de 2020.
[iii] Ver las siguientes publicaciones en https://www.facebook.com/RENNOnoticiasobreras:
Protesta de motoqueros de PEDIDOS YA! concluye con arrestos y multas, 28 de abril
2020; Denuncian caso positivo de covid-19 en Plásticos Belén y que los hacen
hacer cola para lavarse las manos en un turril, 05 de mayo del 2020; Obrero de Unagro muere por
covid-19 , hay otro positivo y 10 aislados, la empresa aún no realiza
desinfección de la planta, 08 de mayo de 2020; Resolución expresa frente a los
casos de covid en Nudelpa- Coca Cola del departamento de Beni, 14 mayo 2020; Indara: convocatoria de emergencia el
sindicato de trabajadores fabriles Indara SRL., 18 de mayo de 2020; Trabajadores
denuncian caso positivo en empacar y falta de medidas de bioseguridad, 18 de mayo
de 2020; Obreros en Belén denuncian que se los somete al extremo del medio
sueldo, el hambre y aumentan a 20 los casos covid-19, 21 de mayo de 2020; En
ingenio San Aurelio han fallecido dos trabajadores por covid-19 .denuncian que
no les pagaron el 90% del salario de abril a los que ya tenían contrato, 05 de
junio de 2020.
[iv] Webinar Situación laboral en tiempos
de COVID-19. Alcances y retos de una nueva modalidad de trabajo. organizada por
la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba.
[v] Abundan denuncias de
empresas que no quieren desinfectar la empresa pese a tener trabajadores
contagiados, también se denuncian las condiciones precarias de limpieza, etc.
[vi] Denuncias registradas en la página de
Faceebook Ministerio de Trabajo Bolivia.
[vii] CEDLA
(2020) La cuarentena se acata, los derechos laborales se incumplen en Alerta
Laboral: Trabajadores y
crisis del COVID-19: "llueve sobre mojado", Nº 87.
[viii] Protestan por inestabilidad laboral
en petrolera boliviana YPFB. Publicado en https://www.telesurtv.net/, el 18 de
febrero de 2020.
[ix] Maestros urbanos denuncian 800
“despidos” con declaratoria de acefalías. Publicado en ttps://www.la-razon.com,
el 07 de mayo de 2020.
[x] Alvater, Elmar (976) “Estado y
Capitalismo Notas sobre algunos problemas
de
intervención estatal” en Cuadernos Políticos, número 9, editorial
Era, México, D.F., pp. 9-30.
[xi] Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ No.
003/2020, que determinaba que el Covid-19 debe ser catalogado como un accidente
de trabajo
[xii] La Cainco pide dejar sin efecto
catalogación de Covid-19 como accidente laboral. Publicado en: https://www.paginasiete.bo,
el 22 de mayo de 2020
[xiii] Asosur y las cámaras de Comercio e
Industria piden anular la disposición que califica al COVID-19 como accidente
de trabajo. Publicado en https://www.la-razon.com, el 23 de mayo de 2020.
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