Luis Fernando Castro López
Desde el primero de mayo,
día en que se anunció la aprobación de la Ley de Empresas Sociales, ésta ha
generado varios debates, tanto entre empresarios privados como en sectores de
la clase obrera y partidos políticos. Según el gobierno, esta Ley fue aprobada,
para garantizar y proteger las fuentes de empleo de empresas del sector privado
que se declaren en liquidación o quiebra. De hecho, la burocracia sindical de
la COB salió a defender esta Ley mostrándose conforme con su aprobación[i]. Lo
paradójico del caso, es que la Ley se aprueba justo en un momento en que el
gobierno ha llevado adelante el cierre de empresas estatales y el despido masivo
de obreros (caso ECOBOL), o sea, el gobierno no garantiza los empleos de las
empresas estatales, pero sale a anunciar su preocupación por proteger los
empleos de los trabajadores del sector privado.
Esta política contradictoria
ha traído problemas al gobierno, por ejemplo, en el caso del Decreto Supremo
2765 con el que cerraba ENATEX y despedía a los trabajadores, mediante un
cambio de personería jurídica, incrementó las protestas porque esta acción
contra el empleo, abría la posibilidad, para que los empresarios privados
despidan a trabajadores, a través de la misma modalidad. Si bien el gobierno le
puso candados jurídicos a dicho Decreto, para calmar las protestas y “proteger
la estabilidad laboral” en el sector privado, el cierre de ENATEX y el despido
de sus trabajadores, siguió adelante.
La Burocracia sindical de la
COB, cree que la Ley de empresas sociales beneficiará a los obreros. De la
misma forma, piensan algunas figuras políticas de la oposición e intelectuales
de la burguesía liberal (Demócratas, UN y varios asesores de los empresarios
privados), que reclaman al gobierno, el beneficiar a los trabajadores, por
encima de la “seguridad jurídica” de sus inversiones y su propiedad privada[ii].
De hecho, los empresarios privados y la oposición burguesa liberal creen que la
Ley de empresas sociales es parte de una estrategia electoral dirigida a la
clase obrera[iii]. Creemos que estos
argumentos, solo ven aspectos aparentes del problema y no logran explicar, por
qué un gobierno que reivindica la estabilidad laboral, la ataca, y luego,
supuestamente, la vuelve a proteger.
¿No será que tanto en el
caso de ENATEX, como en el caso de la Ley de empresas sociales, puede haber una
línea de acción común por parte del gobierno? En este sentido, nos preguntamos
¿Qué hay de común entre la creación y cierre de la empresa ENATEX y la
aprobación de la Ley de Empresas Sociales?
1.
LA SITUACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA LUCHA OBRERA
Entre los aspectos comunes, que
podemos apuntar del caso de ENATEX y el de la aprobación de la Ley de Empresas Sociales,
está un escenario de aumento del cierre de empresas. En el año 2012, el cierre
de empresas parecía un problema localizado en la industria textil, ya que la
cancelación del ATPDA el 2009, causó el cierre de varias empresas grandes
dedicadas a la exportación. Pero desde el 2014, el cierre de empresas se ha
incrementado ante una inminente recesión económica mundial. Los datos sobre la
creación y el cierre de empresas nos dan una pauta de este fenómeno; del 2012 al
2017, el cierre de empresas se ha triplicado de 2034 a 7331, paralelamente, a
este incremento de empresas cerradas, se redujo el número de empresas creadas por año,
de 65000 el 2013 (año con el número más alto) a 19000 el 2015 y 2016 y 18000 el
2017. O sea, que para el año 2012, de cada 100 empresas creadas, 8 se cerraban
y para el año 2017, de cada 100 empresas creadas se cerraron 40[iv].
En un análisis por sector económico,
se identifica la caída de la creación de empresas y el aumento de empresas
cerradas en estos últimos 3 años. En el sector manufacturero y en el de la construcción,
el 2017 se cerraron 25 por cada 100 empresas creadas y en el sector de servicios
de comida y hoteles, cerca de 40 empresas cerraron por cada 100 empresas creadas[v].
Sin embargo, debemos entender que el
crecimiento del número empresas cerradas
en estos últimos 4 años, es parte de la dinámica de una economía capitalista. Así este fenómeno puede darse como fruto de un proceso de centralización y concentración
de capital, donde las empresas menos competitivas son absorbidas u obligadas a
cerrar, por otras más grandes, que producen por debajo del tiempo de trabajo
socialmente necesario. En síntesis, lo que queremos resaltar, es que el cierre
de empresas no aparece como significativo por sí solo, pese a su constante
aumento (las empresas cerradas en estos últimos 4 años, solo representan entre
el 3% y 4% de la base empresarial existente[vi]), adquiere significado en la medida en que enfrenta la resistencia de obreros sindicalizados, que se han movilizado y planteado la toma de empresas cerradas (Polar, Punto Blanco,
Bouchan, Incerpaz, Bolivian Timberlan, Illampu, Dillman, etc., muchas de estas
empresas situadas en La Paz), presionando al gobierno, a dar una respuesta a su
demanda, dentro de un ciclo recesivo de creación de empleos.
2.
RECONDUCCIÓN DE LA LUCHA OBRERA POR LA INTERVENCIÓN ESTATAL
La resistencia obrera se convirtió
en un elemento de presión frente al gobierno, tanto en el caso de ENATEX como
en el de la promulgación de la Ley de Empresas Sociales. En el primer caso, por
testimonios recogidos los meses en que AMETEX se cerró, tanto el gobierno como
los dirigentes de la Federación de Fabriles de La Paz, experimentaron la presión de los trabajadores
de esta empresa y de otros trabajadores fabriles, por el cierre de otras
empresas, como fue el caso de la empresa MILLMA[vii].
La dirigencia de la Federación
de Fabriles de La Paz, presionada por sus bases, reivindicó la recuperación de
la fábrica AMETEX, tratando de orientar la lucha hacia una solución legal, como
la de comprar la empresa mediante un préstamo. En ese sentido, le exigían al
gobierno, se les facilite un préstamo del Banco de Desarrollo Productivo, pero
los ministros de entonces, anteponían a esa solución, la falta de respaldo
legal, para que los obreros tomen la fabrica en sus manos, sobre todo, por las
deudas de AMETEX, a las entidades financieras como Bancos y AFPs, por concepto
de bonos y préstamos. Así, ENATEX nació
como una respuesta del gobierno a la presión obrera, que apostaba por tomar las instalaciones y
hacerla funcionar.
Un año después de la
creación de ENATEX, el gobierno aprobaba el D.S. 1754 de empresas sociales y este
año (2018) aprobó la Ley de Empresas Sociales, en este caso, también la presión
obrera jugó un papel importante. Esta presión se generalizó, debido a que el
cierre de empresas por quiebra, amenazaba con dejar a un importante contingente
de trabajadores desempleados, con el consecuente incremento de casos de despido,
intermediados por el Ministerio de Trabajo. Frente a la estrategia empresarial
del cierre de empresa por quiebra y la resistencia de los obreros en defensa de
sus fuentes laborales, el Gobierno estuvo obligado a buscar alternativas que
neutralicen la lucha obrera, la creación de ENATEX y la promulgación de la Ley
de Empresas Sociales, fueron la respuesta del MAS. De esta forma, la lucha
obrera por la recuperación de empresas cerradas, quedó mediatizada por la
intervención del gobierno.
3.
LA APUESTA A FAVOR DEL CAPITAL FINANCIERO
Si bien la creación de
ENATEX y la aprobación de la Ley 1055 de Empresas Sociales se planteó como una
respuesta del gobierno frente a la presión obrera por el cierre de fábrica: ¿Qué
orientación tiene esta respuesta?
En el caso de la empresa
estatal ENATEX, su creación no solo trataba de responder a la demanda obrera,
sino también, a la demanda de los acreedores de AMETEX. El gobierno, junto a los acreedores, obligó al
dueño de la empresa a aceptar un plan de alquiler de las maquinarias y las
instalaciones, para la estatal ENATEX; mientras se llevaba adelante el proceso
de liquidación y compra de los activos de su empresa. Con ese alquiler, se
pagaron las deudas que contrajo AMETEX y con su compra, por parte del gobierno,
se liquidó las deudas a sus acreedores[viii].
En todo momento, las
acciones del gobierno estuvieron destinadas a proteger el capital de los acreedores,
obligando, tanto al empresario, como a los obreros, a regirse a las condiciones
impuestas. Por ejemplo, el gobierno impuso la recontratación de los obreros,
obviando su antigüedad y su categoría laboral, esto trajo divisiones entre los
mismos obreros; pero frente a la situación de la empresa, terminaron acatando
esta condición[ix].
Durante los 4 años
siguientes, antes de su definitivo cierre, la gestión de ENATEX estuvo
caracterizada por la retardación del proceso de compra de los activos de AMETEX
y por la gestión deficiente, que no ayudaba a reflotar la empresa. En cuanto a los procesos de compra, cabe
señalar, que la liquidación fue dilatada hasta el 2015 y la empresa ENATEX tuvo
que pagar, además de los costos de producción, el alquiler de las maquinarias y
las instalaciones. En cuanto a la gestión de la empresa, los gerentes
designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, llevaron adelante una
política de liquidación de la misma, rematando prendas por debajo de su costo
de producción, produciendo para el Estado, sin paga efectiva o exportando a
mercados latinoamericanos, que se caracterizaban por su burocracia y su
incumplimiento en la cancelación de los pedidos. Todas estas acciones, estaban destinadas a
liquidar, poco a poco, ENATEX; supuestamente, por la falta de mercados
internacionales y por falta de competitividad, en un mercado interno abarrotado
por mercaderías chinas de bajo costo y calidad.
Con todas esas acciones,
destinadas a liquidar ENATEX; paradójicamente, un año antes de su cierre, el
Ministerio de Desarrollo Productivo, impuso la compra definitiva de los activos
de la empresa AMETEX, por 15 millones de dólares, en realidad, tanto el proceso
largo de arrendamiento, la gestión y posterior compra de ENATEX estuvieron,
desde el inicio, dirigidas a cancelar las deudas de la quebrada AMETEX con sus
acreedores.
De la misma forma, que en el
caso de ENATEX, la Ley 1055 de Empresas
Sociales tiene similar orientación, en primer lugar, ha convertido la
recuperación de fábricas, en un proceso burocrático, regido por el Código de Comercio,
de manera que la constitución de la empresa social, pase por un trámite de
creación de una sociedad comercial. En este proceso de constitución, ya sea por
cierre, liquidación o quiebra, la formación de la empresa social, solo podrá
darse si primero se garantiza la cancelación de los pasivos a los acreedores. De
hecho, la Ley contempla que los acreedores puedan participar en la formación de
la empresa social como socios, haciendo aparecer el total de su capital
adeudado como capital de arranque de la empresa[x].
De todas formas, los obreros que decidan formar la empresa social, tendrán que garantizar
el pago de las deudas a los acreedores, con algún capital de arranque. Los
obreros que no cuentan con otros recursos, más que el de sus beneficios
sociales, obtenidos por sus años de trabajo, tendrán que arriesgarlos, para garantizar,
no solo el funcionamiento de la empresa; sino también, el pago de sus deudas.
Ya funcionando la empresa (y
esto no contempla la Ley), los obreros deberán enfrentarse a los mismos
problemas que la llevaron a su quiebra o cierre, lo que exigirá que, para cubrir
los costos de producción y pagar las deudas, se autoexploten, de la misma
forma que lo hicieron, los obreros de ENATEX, para liquidar poco a poco su
deuda. Pero; en este caso, las empresas sociales creadas tendrán que enfrentar la
competencia, sin renovación tecnológica, lo que ampliara la necesidad de
recurrir a la sobreexplotación de sus fuerzas de trabajo.
4.
CONSIDERACIONES FINALES
Tanto en el caso de ENATEX,
como en la creación de la Ley de Empresas Sociales, hay una preocupación y un
posicionamiento común, de parte del Gobierno del MAS. Esa preocupación es asegurar
la estabilidad del capital financiero, por ello, en los dos casos, se establecen
mecanismos, para asegurar el retorno de los capitales adeudados a la banca.
En este sentido, la creación
de empresas sociales, al igual que la creación de ENATEX, no es un fin en sí mismo,
sino más bien, un medio, para resolver los problemas de valorización del
capital invertido en las empresas, valorización de la que, al mismo tiempo, se
beneficia el Estado. En otras palabras, para el gobierno, tanto en el caso de ENATEX,
como en el de las empresas sociales, lo que prima es el principio del Estado, como
institución o grupo de instituciones, que funcionan por y para la valorización
del capital[xi].
Si bien la presión obrera,
por el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo, van a empujar al
gobierno del MAS a formular una respuesta, para calmar la escalada de la
protesta obrera, dicha respuesta va a ser formulada, en torno a la generación
de plusvalor, lo que le lleva a desplegar procesos regulatorios en favor de la
acumulación de capital. Bajo este marco, la Ley de Empresas Sociales está
formulada como un instrumento, para frenar la acción directa de la clase obrera
sobre las empresas cerradas, y enmarcar estas acciones, dentro de ciertos
procedimientos sociales que posibiliten, que el reinicio de actividades
productivas de la empresa, bajo dirección obrera (empresa social), permita al
mismo tiempo, la recuperación de los capitales adeudados por el patrón.
A diferencia del caso de
ENATEX, la Ley de Empresas Sociales permite al gobierno no involucrarse como
dirección patronal de la empresa quebrada, expoliando la fuerza de trabajo,
para liquidar las deudas a los acreedores, cumpliendo el papel aparente, de una
entidad garante, externa, por encima de la empresa social y de los acreedores.
En este sentido, la Ley de Empresas
Sociales cumple un triple cometido; por un lado, es un instrumento destinado a garantizar
la devolución de capitales valorizados a las entidades financieras, frena la
lucha obrera[xii], resultado del cierre de
la empresa y desliga al Estado de toda responsabilidad.
[i] COB y micro empresarios
redactan el reglamento de la Ley de Empresas Sociales. Publicado en:
https://www.eldia.com.bo, 26 de mayo de 2018.
[ii] Empresarios en emergencia
por proyecto de ley de empresas sociales. Publicado en: http://www.cepb.org.bo.
[iii] Oposición y privados se
unen para frenar Ley de Empresas Sociales. Publicado en: https://elpais.bo, 4 de mayo de 2018.
[iv] FUNDEMPRESA (2017) Estadísticas del Registro de Comercio de
Bolivia - julio 2017. Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista
el 10 de septiembre de 2018. FUNDEMPRESA (2018) Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia - julio 2018.
Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista el 10 de septiembre de
2018.
[v] Ídem.
[vi] Ídem.
[vii] Información basada en una Entrevista
realizada al dirigente Fabril Wilson Mamani y entrevistas realizadas a los
dirigentes de AMETEX el año 2012.
[viii] PREVISION AFP (2017) Memoria Anual 2016. Visto en: http://servicios.ait.gob.bo, ultima vista el 9
de septiembre de 2018.
[ix] Información
basada en entrevistas a dirigentes del sindicato AMETEX el año 2012.
[x] Las declaraciones de la
Ministra Prado sobre la Ley van en este sentido: "ahí deben hacer una
evaluación acompañados por un perito, eso lo que se ha establecido en la ley,
no se puede dejar a los acreedores sin pago, si una empresa ha dejado un montón
de deudas, primero tiene que ver cómo garantizar esas deudas y después cómo
levantar la empresa. Tiene sus dificultades". Ver: Gobierno advierte a
trabajadores sobre empresas "sociales": deben saldar primero sus
deudas. Publicado en: http://www.opinion.com.bo, el 2 de mayo de 2018.
[xi] Hirsch, Joachim (1978) “The State Apparatus
and Social Reproduction: Elements of a Theory of the Bourgeois State”, en
Holloway, John y Picciotto, sol, State
and Capital. Londres: Edward
Arnold Publishers.
[xii] Aillon, Tania
(2018) El significado económico y político de las “empresas sociales”
promovidas por el MAS. Visto en:
http://www.iese.umss.edu.bo, ultima vista el 13 de septiembre de 2018.
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