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domingo, 16 de septiembre de 2018

El trasfondo de la política del gobierno ante el cierre de empresas



Luis Fernando Castro López



Desde el primero de mayo, día en que se anunció la aprobación de la Ley de Empresas Sociales, ésta ha generado varios debates, tanto entre empresarios privados como en sectores de la clase obrera y partidos políticos. Según el gobierno, esta Ley fue aprobada, para garantizar y proteger las fuentes de empleo de empresas del sector privado que se declaren en liquidación o quiebra. De hecho, la burocracia sindical de la COB salió a defender esta Ley mostrándose conforme con su aprobación[i]. Lo paradójico del caso, es que la Ley se aprueba justo en un momento en que el gobierno ha llevado adelante el cierre de empresas estatales y el despido masivo de obreros (caso ECOBOL), o sea, el gobierno no garantiza los empleos de las empresas estatales, pero sale a anunciar su preocupación por proteger los empleos de los trabajadores del sector privado.

Esta política contradictoria ha traído problemas al gobierno, por ejemplo, en el caso del Decreto Supremo 2765 con el que cerraba ENATEX y despedía a los trabajadores, mediante un cambio de personería jurídica, incrementó las protestas porque esta acción contra el empleo, abría la posibilidad, para que los empresarios privados despidan a trabajadores, a través de la misma modalidad. Si bien el gobierno le puso candados jurídicos a dicho Decreto, para calmar las protestas y “proteger la estabilidad laboral” en el sector privado, el cierre de ENATEX y el despido de sus trabajadores, siguió adelante.

La Burocracia sindical de la COB, cree que la Ley de empresas sociales beneficiará a los obreros. De la misma forma, piensan algunas figuras políticas de la oposición e intelectuales de la burguesía liberal (Demócratas, UN y varios asesores de los empresarios privados), que reclaman al gobierno, el beneficiar a los trabajadores, por encima de la “seguridad jurídica” de sus inversiones y su propiedad privada[ii]. De hecho, los empresarios privados y la oposición burguesa liberal creen que la Ley de empresas sociales es parte de una estrategia electoral dirigida a la clase obrera[iii]. Creemos que estos argumentos, solo ven aspectos aparentes del problema y no logran explicar, por qué un gobierno que reivindica la estabilidad laboral, la ataca, y luego, supuestamente, la vuelve a proteger.

¿No será que tanto en el caso de ENATEX, como en el caso de la Ley de empresas sociales, puede haber una línea de acción común por parte del gobierno? En este sentido, nos preguntamos ¿Qué hay de común entre la creación y cierre de la empresa ENATEX y la aprobación de la Ley de Empresas Sociales?

1. LA SITUACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA LUCHA OBRERA

Entre los aspectos comunes, que podemos apuntar del caso de ENATEX y el de la aprobación de la Ley de Empresas Sociales, está un escenario de aumento del cierre de empresas. En el año 2012, el cierre de empresas parecía un problema localizado en la industria textil, ya que la cancelación del ATPDA el 2009, causó el cierre de varias empresas grandes dedicadas a la exportación. Pero desde el 2014, el cierre de empresas se ha incrementado ante una inminente recesión económica mundial. Los datos sobre la creación y el cierre de empresas nos dan una pauta de este fenómeno; del 2012 al 2017, el cierre de empresas se ha triplicado de 2034 a 7331, paralelamente, a este incremento de empresas cerradas, se  redujo el número de empresas creadas por año, de 65000 el 2013 (año con el número más alto) a 19000 el 2015 y 2016 y 18000 el 2017. O sea, que para el año 2012, de cada 100 empresas creadas, 8 se cerraban y para el año 2017, de cada 100 empresas creadas se cerraron 40[iv].

En un análisis por sector económico, se identifica la caída de la creación de empresas y el aumento de empresas cerradas en estos últimos 3 años. En el sector manufacturero y en el de la construcción, el 2017 se cerraron 25 por cada 100 empresas creadas y en el sector de servicios de comida y hoteles, cerca de 40 empresas cerraron por cada 100 empresas creadas[v].

 Sin embargo, debemos entender que el crecimiento del número  empresas cerradas en estos últimos 4 años, es parte de la dinámica de una economía capitalista. Así este fenómeno puede darse como fruto de un proceso de centralización y concentración de capital, donde las empresas menos competitivas son absorbidas u obligadas a cerrar, por otras más grandes, que producen por debajo del tiempo de trabajo socialmente necesario. En síntesis, lo que queremos resaltar, es que el cierre de empresas no aparece como significativo por sí solo, pese a su constante aumento (las empresas cerradas en estos últimos 4 años, solo representan entre el 3% y 4% de la base empresarial existente[vi]), adquiere significado en la medida en que enfrenta la resistencia de obreros sindicalizados, que se han  movilizado y planteado la toma de empresas cerradas (Polar, Punto Blanco, Bouchan, Incerpaz, Bolivian Timberlan, Illampu, Dillman, etc., muchas de estas empresas situadas en La Paz), presionando al gobierno, a dar una respuesta a su demanda, dentro de un ciclo recesivo de creación de empleos.

2. RECONDUCCIÓN DE LA LUCHA OBRERA POR LA INTERVENCIÓN ESTATAL

La resistencia obrera se convirtió en un elemento de presión frente al gobierno, tanto en el caso de ENATEX como en el de la promulgación de la Ley de Empresas Sociales. En el primer caso, por testimonios recogidos los meses en que AMETEX se cerró, tanto el gobierno como los dirigentes de la Federación de Fabriles de La Paz,  experimentaron la presión de los trabajadores de esta empresa y de otros trabajadores fabriles, por el cierre de otras empresas, como fue el caso de la empresa MILLMA[vii].

La dirigencia de la Federación de Fabriles de La Paz, presionada por sus bases, reivindicó la recuperación de la fábrica AMETEX, tratando de orientar la lucha hacia una solución legal, como la de comprar la empresa mediante un préstamo. En ese sentido, le exigían al gobierno, se les facilite un préstamo del Banco de Desarrollo Productivo, pero los ministros de entonces, anteponían a esa solución, la falta de respaldo legal, para que los obreros tomen la fabrica en sus manos, sobre todo, por las deudas de AMETEX, a las entidades financieras como Bancos y AFPs, por concepto de bonos y préstamos. Así,  ENATEX nació como una respuesta del gobierno a la presión obrera,  que apostaba por tomar las instalaciones y hacerla funcionar.

Un año después de la creación de ENATEX, el gobierno aprobaba el D.S. 1754 de empresas sociales y este año (2018) aprobó la Ley de Empresas Sociales, en este caso, también la presión obrera jugó un papel importante. Esta presión se generalizó, debido a que el cierre de empresas por quiebra, amenazaba con dejar a un importante contingente de trabajadores desempleados, con el consecuente incremento de casos de despido, intermediados por el Ministerio de Trabajo. Frente a la estrategia empresarial del cierre de empresa por quiebra y la resistencia de los obreros en defensa de sus fuentes laborales, el Gobierno estuvo obligado a buscar alternativas que neutralicen la lucha obrera, la creación de ENATEX y la promulgación de   la Ley de Empresas Sociales, fueron la respuesta del MAS. De esta forma, la lucha obrera por la recuperación de empresas cerradas, quedó mediatizada por la intervención del gobierno.

3. LA APUESTA A FAVOR DEL CAPITAL FINANCIERO

Si bien la creación de ENATEX y la aprobación de la Ley 1055 de Empresas Sociales se planteó como una respuesta del gobierno frente a la presión obrera por el cierre de fábrica: ¿Qué orientación tiene esta respuesta?

En el caso de la empresa estatal ENATEX, su creación no solo trataba de responder a la demanda obrera, sino también, a la demanda de los acreedores de AMETEX.  El gobierno, junto a los acreedores, obligó al dueño de la empresa a aceptar un plan de alquiler de las maquinarias y las instalaciones, para la estatal ENATEX; mientras se llevaba adelante el proceso de liquidación y compra de los activos de su empresa. Con ese alquiler, se pagaron las deudas que contrajo AMETEX y con su compra, por parte del gobierno, se liquidó las deudas a sus acreedores[viii].

En todo momento, las acciones del gobierno estuvieron destinadas a proteger el capital de los acreedores, obligando, tanto al empresario, como a los obreros, a regirse a las condiciones impuestas. Por ejemplo, el gobierno impuso la recontratación de los obreros, obviando su antigüedad y su categoría laboral, esto trajo divisiones entre los mismos obreros; pero frente a la situación de la empresa, terminaron acatando esta condición[ix].

Durante los 4 años siguientes, antes de su definitivo cierre, la gestión de ENATEX estuvo caracterizada por la retardación del proceso de compra de los activos de AMETEX y por la gestión deficiente, que no ayudaba a reflotar la empresa.  En cuanto a los procesos de compra, cabe señalar, que la liquidación fue dilatada hasta el 2015 y la empresa ENATEX tuvo que pagar, además de los costos de producción, el alquiler de las maquinarias y las instalaciones. En cuanto a la gestión de la empresa, los gerentes designados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, llevaron adelante una política de liquidación de la misma, rematando prendas por debajo de su costo de producción, produciendo para el Estado, sin paga efectiva o exportando a mercados latinoamericanos, que se caracterizaban por su burocracia y su incumplimiento en la cancelación de los pedidos.  Todas estas acciones, estaban destinadas a liquidar, poco a poco, ENATEX; supuestamente, por la falta de mercados internacionales y por falta de competitividad, en un mercado interno abarrotado por mercaderías chinas de bajo costo y calidad.

Con todas esas acciones, destinadas a liquidar ENATEX; paradójicamente, un año antes de su cierre, el Ministerio de Desarrollo Productivo, impuso la compra definitiva de los activos de la empresa AMETEX, por 15 millones de dólares, en realidad, tanto el proceso largo de arrendamiento, la gestión y posterior compra de ENATEX estuvieron, desde el inicio, dirigidas a cancelar las deudas de la quebrada AMETEX con sus acreedores.

De la misma forma, que en el caso de ENATEX, la Ley 1055 de Empresas Sociales tiene similar orientación, en primer lugar, ha convertido la recuperación de fábricas, en un proceso burocrático, regido por el Código de Comercio, de manera que la constitución de la empresa social, pase por un trámite de creación de una sociedad comercial. En este proceso de constitución, ya sea por cierre, liquidación o quiebra, la formación de la empresa social, solo podrá darse si primero se garantiza la cancelación de los pasivos a los acreedores. De hecho, la Ley contempla que los acreedores puedan participar en la formación de la empresa social como socios, haciendo aparecer el total de su capital adeudado como capital de arranque de la empresa[x]. De todas formas, los obreros que decidan formar la empresa social, tendrán que garantizar el pago de las deudas a los acreedores, con algún capital de arranque. Los obreros que no cuentan con otros recursos, más que el de sus beneficios sociales, obtenidos por sus años de trabajo, tendrán que arriesgarlos, para garantizar, no solo el funcionamiento de la empresa; sino también, el pago de sus deudas.

Ya funcionando la empresa (y esto no contempla la Ley), los obreros deberán enfrentarse a los mismos problemas que la llevaron a su quiebra o cierre, lo que exigirá que, para cubrir los costos de producción y pagar las deudas, se autoexploten, de la misma forma que lo hicieron, los obreros de ENATEX, para liquidar poco a poco su deuda. Pero; en este caso, las empresas sociales creadas tendrán que enfrentar la competencia, sin renovación tecnológica, lo que ampliara la necesidad de recurrir a la sobreexplotación de sus fuerzas de trabajo.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Tanto en el caso de ENATEX, como en la creación de la Ley de Empresas Sociales, hay una preocupación y un posicionamiento común, de parte del Gobierno del MAS. Esa preocupación es asegurar la estabilidad del capital financiero, por ello, en los dos casos, se establecen mecanismos, para asegurar el retorno de los capitales adeudados a la banca.

En este sentido, la creación de empresas sociales, al igual que la creación de ENATEX, no es un fin en sí mismo, sino más bien, un medio, para resolver los problemas de valorización del capital invertido en las empresas, valorización de la que, al mismo tiempo, se beneficia el Estado. En otras palabras, para el gobierno, tanto en el caso de ENATEX, como en el de las empresas sociales, lo que prima es el principio del Estado, como institución o grupo de instituciones, que funcionan por y para la valorización del capital[xi].

Si bien la presión obrera, por el cierre de empresas y el crecimiento del desempleo, van a empujar al gobierno del MAS a formular una respuesta, para calmar la escalada de la protesta obrera, dicha respuesta va a ser formulada, en torno a la generación de plusvalor, lo que le lleva a desplegar procesos regulatorios en favor de la acumulación de capital. Bajo este marco, la Ley de Empresas Sociales está formulada como un instrumento, para frenar la acción directa de la clase obrera sobre las empresas cerradas, y enmarcar estas acciones, dentro de ciertos procedimientos sociales que posibiliten, que el reinicio de actividades productivas de la empresa, bajo dirección obrera (empresa social), permita al mismo tiempo, la recuperación de los capitales adeudados por el patrón.

A diferencia del caso de ENATEX, la Ley de Empresas Sociales permite al gobierno no involucrarse como dirección patronal de la empresa quebrada, expoliando la fuerza de trabajo, para liquidar las deudas a los acreedores, cumpliendo el papel aparente, de una entidad garante, externa, por encima de la empresa social y de los acreedores.

En este sentido, la Ley de Empresas Sociales cumple un triple cometido; por un lado, es un instrumento destinado a garantizar la devolución de capitales valorizados a las entidades financieras, frena la lucha obrera[xii], resultado del cierre de la empresa y desliga al Estado de toda responsabilidad.


[i] COB y micro empresarios redactan el reglamento de la Ley de Empresas Sociales. Publicado en: https://www.eldia.com.bo, 26 de mayo de 2018.
[ii] Empresarios en emergencia por proyecto de ley de empresas sociales. Publicado en: http://www.cepb.org.bo.
[iii] Oposición y privados se unen para frenar Ley de Empresas Sociales. Publicado en:  https://elpais.bo, 4 de mayo de 2018.
[iv]  FUNDEMPRESA (2017) Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia - julio 2017. Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista el 10 de septiembre de 2018. FUNDEMPRESA (2018) Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia - julio 2018. Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista el 10 de septiembre de 2018.
[v] Ídem.
[vi] Ídem.
[vii] Información basada en una Entrevista realizada al dirigente Fabril Wilson Mamani y entrevistas realizadas a los dirigentes de AMETEX el año 2012.
[viii]  PREVISION AFP (2017) Memoria Anual 2016. Visto en:  http://servicios.ait.gob.bo, ultima vista el 9 de septiembre de 2018.
[ix] Información basada en entrevistas a dirigentes del sindicato AMETEX el año 2012.
[x] Las declaraciones de la Ministra Prado sobre la Ley van en este sentido: "ahí deben hacer una evaluación acompañados por un perito, eso lo que se ha establecido en la ley, no se puede dejar a los acreedores sin pago, si una empresa ha dejado un montón de deudas, primero tiene que ver cómo garantizar esas deudas y después cómo levantar la empresa. Tiene sus dificultades". Ver: Gobierno advierte a trabajadores sobre empresas "sociales": deben saldar primero sus deudas. Publicado en: http://www.opinion.com.bo, el 2 de mayo de 2018.
[xi]  Hirsch, Joachim (1978) “The State Apparatus and Social Reproduction: Elements of a Theory of the Bourgeois State”, en Holloway, John y Picciotto, sol, State and Capital. Londres: Edward Arnold Publishers.
[xii] Aillon, Tania (2018) El significado económico y político de las “empresas sociales” promovidas por el MAS. Visto en:  http://www.iese.umss.edu.bo, ultima vista el 13 de septiembre de 2018.

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