Luis Fernando Castro López
En estos últimos meses, el
escenario político ha sido permeado por los problemas de la recesión
económica mundial en la economía boliviana, muestra de la larga recesión que
vive el capitalismo desde 2008. Pero lo particular de los últimos meses, es que
aparece en la escena publica el problema del empleo y del trabajo, esta vez
desde la voz de los empresarios privados nativos y de los patrones de las
empresas transnacionales, quienes hablan de los efectos de la crisis sobre la
economía interna de sus empresas[i]. La reacción no se ha
dejado esperar desde los sindicatos, que presionaron a la COB, para pronunciarse
en contra de la propuesta de Ley General del Trabajo presentada por los
empresarios privados. El hecho es que, en este tiempo de recesión, la burguesía
nativa ha tomado una posición activa y sistemática para la modificación normativa
sobre el empleo y el trabajo, sus voces no solo han hecho eco en los obreros
que advierten peligro en su estabilidad laboral, sino también, en el gobierno,
que ha propuesto un aumento salarial irrisorio favoreciendo a los patrones y mostrando
una posición conservadora en relación a los años de auge[ii]. En este nuevo escenario nos preguntamos: ¿cuáles
son los zigzags de la política laboral del gobierno?
1 1. LA
REFORMA LABORAL DEL MAS: DE LA REORGANIZACIÓN SINDICAL AL CONTROL POLÍTICO DE
LOS SINDICATOS
El ascenso del MAS al poder
del Estado, fruto de la crisis política de la antigua oligarquía, apertura una
etapa de reposicionamiento de los grupos y clases en Bolivia muy importante
para entender los cambios en las relaciones entre obreros y patrones. Los
primeros años de gobierno (2006 – 2009), se caracterizaron por la polarización
entre la antigua oligarquía (que aun controlaba varios gobiernos locales) y el
gobierno del MAS, en esta polarización se disputaba el control del aparato
estatal y la hegemonía[iii]. Una polarización que
posicionó a la clase obrera, a lado del gobierno del MAS.
En esos años se aprobaron
reformas laborales que restituían la vigencia de la Ley General del Trabajo
(LGT) y se anularon artículos del DS. 21060, que legalizaban la libre
contratación. Esta reforma estuvo encaminada; inicialmente, a prohibir la
subcontratación y la tercerización, bajo la forma de contratos civiles o
comerciales. Hubo, también, un cambio de
orientación en la intermediación laboral de las Jefaturas Departamentales de Trabajo,
a favor de los trabajadores. Las inspecciones laborales se volvieron frecuentes,
se apoyaban los pliegos petitorios y las direcciones sindicales establecieron
una alianza con el gobierno, mediante la elección de los directores de trabajo
a nivel departamental. La correlación de fuerzas favorable a los obreros, se
tradujo en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales obreras y la
restitución de sindicatos en sectores estratégicos de la economía boliviana,
como el de hidrocarburos y el de minería[iv].
La reforma normativa
facilitó la reorganización sindical, en un momento de correlación de fuerzas
favorable para los obreros, estas posibilidades de reorganización se tradujeron
en una presión política, por parte de las direcciones sindicales, exigiendo la profundización
de la reforma laboral orientada a restituir antiguas conquistas laborales: La reorganización sindical y la mayor
regulación del trabajo, se dieron, además, en una etapa en la que el MAS
orientó al movimiento obrero, hacia la lucha contra la oligarquía tradicional
por el control del Estado[v], en una fase de auge del ciclo económico, en la
cual, los conflictos entre obreros y patrones (fruto de la intensificación del
trabajo y la sobreexplotación) fueron contestados con la lucha por el
reconocimiento de derechos laborales y con la disputa por una redistribución de
la plusvalía, mediante la demanda de nuevos bonos o retribuciones salariales no
contempladas en la ley.
Después de la derrota política de la “media
Luna”, se apertura una segunda etapa, caracterizada por la extensión de la
hegemonía del gobierno del MAS[vi], en la su política laboral
toma un giro. Para el gobierno ya no se trataba de fortalecer el movimiento obrero
sindical de la COB, sino más bien, de cómo controlarlo[vii]. El MAS buscó
frenar las movilizaciones obreras y establecer un periodo de estabilidad
política que le permita encausar su proyecto de desarrollo de un capitalismo
andino amazónico; en este sentido, se pueden entender, las disputas intrasindicales,
en las que se generaban direcciones paralelas en las federaciones departamentales
de trabajadores fabriles[viii]. Dentro de esta
dinámica, se pueden entender las posiciones contradictorias de la burocracia de
la COB, entre la fidelidad a la exigencia de las bases obreras o la fidelidad
al llamado “proceso de cambio”[ix], pero también, el cambio
de orientación de las jefaturas departamentales y la aprobación de una ley que
legalizaba la tercerización y la subcontratación con su respectiva regulación,
por la que se establecía que los obreros fluctuantes gocen de los derechos
laborales vigentes en la Ley del Trabajo, pero solo mientras duren sus
contratos temporales.
Esta segunda etapa de estabilización,
se caracterizó por la presencia de quiebres entre las demandas obreras, la política
económica y la reforma laboral del gobierno. La reorganización de la clase
obrera habría significado, además, la emergencia de un movimiento combativo al
interior de las matrices sindicales. En este escenario, la propia reforma
laboral del gobierno quedó rebasada por las reivindicaciones de fábrica de los
obreros y la emergencia de movimientos con demandas “ilegales”. Las
movilizaciones por la restitución de beneficios salariales, regulados
legalmente, dieron paso a la disputa por el excedente al interior de las
fábricas, las limitaciones encontradas por los obreros en las leyes laborales
fueron sustituidas por nuevas reivindicaciones salariales, por ejemplo, varios
sindicatos se vieron imposibilitados de elevar el salario mediante los procesos
de categorización, ya sea porque las condiciones técnicas no permitían dicha
categorización o porque la categorización solo permitiría el ascenso de muy
pocos, o porque la mayoría ya había llegado al tope de su categoría sin
posibilidades de elevar su salario; en estos casos, los obreros optaron por la
exigencia de bonos o compensaciones no
contempladas en la ley, en muchos casos primó un sentido colectivo (todos
debían beneficiarse de la situación de auge económico) y pusieron en aprietos a
las jefaturas departamentales y a la burocracia sindical. Uno de los puntos de
disputa[x], giró en torno a la
apropiación del excedente generado en las fábricas, donde el Estado, junto a la
burocracia sindical aliada, trataba de poner límites a la lucha obrera,
abogando por la sostenibilidad de la empresa.
En esta etapa, las aristas combativas del movimiento obrero
sindicalizado llegaron al grado más alto de movilización en la protesta contra
las elevadas tasas de inflación y el gasolinazo en los años 2010 a 2012.
Las disputas por la distribución del
excedente pasaron del espacio de la fábrica hacia el escenario estatal, ya no
se trató de la medida del trabajo ligado a algún oficio o puesto, sino en torno
a la medida general del salario, en relación a la canasta familiar, el punto de
disputa central no fue en sí la medida del salario, ya que esta medida siempre
está en disputa, sino la referencia de esta medida. El gobierno proponía
equilibrar el salario a la tasa de inflación y las posiciones obreras ponían en
discusión la capacidad adquisitiva del salario. La resolución del conflicto fue
la negociación de incrementos salariales por encima de la tasa de inflación y una
serie de medidas destinadas a bajar las tasas de inflación desde la venta de
productos subvencionados hasta las restricciones de exportación de alimentos
para bajar los precios de productos de la canasta familiar.
Si la reforma laboral facilitó
la reorganización obrera, ahora con ella se buscaba ahogar el impulso combativo
de los obreros sindicalizados. Lo interesante es que las normas legales sirvieron
como instrumento de control de las movilizaciones y eso se debe, en primer
lugar, a que el gobierno logró imponer el espacio legal e institucional como
espacio privilegiado de la lucha por reivindicaciones obreras, de manera que
las direcciones sindicales adoptaron el espacio legal como principal espacio de
disputa. En segundo lugar, las direcciones sindicales se forjaron en una
escuela política legalista y reformista y desde esa línea ayudaron a reprimir y
direccionar las movilizaciones obreras por la lucha estrictamente legal. La
finalización de este periodo se da con la paulatina supresión de las
movilizaciones nacionales contra el Estado, pero que abre nuevos escenarios de
lucha, ya no por la recuperación de otros derechos laborales, tampoco
por el avance y profundización de las reivindicaciones conseguidas en los
primeros años de gobierno del MAS, sino en defensa de estos derechos, lucha
que, además, se libra con la recesión económica como telón de fondo, desde el
año 2014.
2. RECESIÓN Y AJUSTES NORMATIVOS EN LA
REFORMA LABORAL
Hay algunos rasgos que muestran,
cómo la caída de los precios de las materias primas y la crisis de la economía
europea y norteamericana, afectaron la economía en Bolivia; uno de estos
indicadores fue la caída del gasto corriente y del gasto en capital del
gobierno, desde el 2014, junto a la caída del precio de las materias primas[xi]. En el mismo sentido, el
crecimiento acelerado de empresas hasta el 2013, desde el 2014, experimenta una
disminución significativa, junto al incremento del cierre de empresas[xii].
En los mercados laborales,
esta nueva situación económica, se manifestó en la caída del número de
empleados y de obreros, y el crecimiento significativo de la población dedicada
a actividades por cuenta propia[xiii]. En el escenario político,
se viven movimientos de protesta por el incumplimiento del pago de salarios y
amenazas de despido; los casos más emblemáticos, son los de ENATEX (desde el
2014 hasta su cierre definitivo el 2016) y de HUANUNI (Desde el 2013 a la
actualidad). La burocracia sindical presionada
por sus bases frente al cierre de empresas, buscó que el gobierno apruebe una ley
que permita la reversión de las empresas a manos obreras.
Este periodo, que comprende
los últimos 4 años, se caracteriza porque la política laboral del gobierno da
un nuevo giro en su orientación normativa. Ahora en el gobierno prima una
orientación de carácter, eminentemente económico, sus diversas reformas y
acciones se dirigen a manejar el salario y el empleo, como mecanismos de
ajuste. Por ejemplo, se establecieron dispositivos que frenen los gastos en
salarios en las empresas municipales y estatales autónomas[xiv]. El gobierno llevó
adelante un proceso de racionalización en las empresas estatales que derivaron,
de una parte, en el cierre de ENATEX y ECOBOL y de otra, en la propuesta de
procesos de reingeniería en YPFB y la COMIBOL[xv].
Por otra parte, el ajuste
económico se ha plasmado en la reestructuración de los sistemas de jubilación y
de seguridad a corto plazo, para ponerlos bajo control del gobierno, con la
creación de instancias estatales de administración y control centralizadas,
como la gestora de las pensiones de jubilación y la creación del ASUS. Es
decir, el gobierno en esta etapa recesiva, no solo ha tratado de normar y
regular el gasto de gobierno dirigido al empleo, sino que se ha propuesto controlar
los más grandes fondos de recaudación de excedentes, en la perspectiva de
contar con fondos, para remontar el peligro inminente de un déficit fiscal,
esto explica, por ejemplo, que el gobierno haya utilizado los fondos de
pensiones para el financiamiento de la agroindustria privada a fondo perdido, de
esta manera, el Estado ha pasado de
ser el garante y sostenedor del sistema social a ser el administrador
financiero.
En el caso del empleo en el
sector privado, la política del gobierno se ha dirigido a prolongar los
procesos judiciales en materia laboral, entre los trabajadores que no tienen
sindicato organizado y que son objeto de despido y de no reconocimiento a sus
beneficios regulados por ley, de forma frecuente. Sin embargo, hay dos medidas
que destacan en este periodo, la primera, tiene que ver con los programas que
subvencionan la inserción laboral en empresas privadas, en los que el
Estado ha sido convertido en mediador de los procesos de inserción laboral[xvi], para el sector privado(
con el fin de paliar el crecimiento del desempleo en la etapa recesiva) y la
segunda, tiene que ver con que ha consentido que las patronales tomen la
declaración en quiebra, como una estrategia de evasión de derechos laborales,
mediante el cierre de la empresa y el traspaso de algunos empleados a otra
empresa, con diferente razón social.
De hecho, el gobierno ha utilizado esta estrategia en el cierre de ENATEX,
y solo la presión obrera, le ha impuesto poner cláusulas que excluyan a los
empresarios privados de esta práctica.
CONSIDERACIONES
FINALES
La política laboral del MAS en el curso
de sus gobiernos consecutivos, pasa por diferentes etapas, que generan
distintos puntos de disputa con las organizaciones obreras. Puntos de disputa
que muestran la dirección que tomó la reforma laboral, como resultado, no solo
de las acciones seguidas por el gobierno dentro de su programa; sino también, de
los efectos de la lucha de clases sobre la misma reforma. Así se identifica que
los puntos de disputa en cuanto a reforma laboral han pasado de una posición
ofensiva de los trabajadores, en la búsqueda de profundizar en la reconquista
de derechos laborales a una posición defensiva de los derechos adquiridos en el
periodo previo. Esto último se debe a
que el gobierno ha transitado de una posición que favorecía a los avances en
las conquistas laborales de los trabajadores, a una posición conservadora. La
regulación estatal ha pasado de poner límites a la explotación capitalista, a
controlar la movilización de los obreros, para favorecer a los intereses
patronales; al mismo tiempo que, ha convertido al salario y al empleo en
variables de ajuste en la etapa recesiva del ciclo económico. Lo que nos
muestra el claro carácter de clase del Estado, al mismo tiempo que los límites
de una política laboral reformista, que, encasillada en los marcos del Estado
capitalista, no puede menos que volcar la cara a la clase obrera, cuando la
nave de los patrones empieza a naufragar, tratando de salvarla con medidas que
la favorezcan directa o indirectamente.
[i] Empresarios
de Cochabamba demandan cuatro medidas tras alza salarial. Publicado
en: http://www.opinion.com.bo, el 02 de mayo de 2019.
[ii] COB
rechaza propuesta gubernamental sobre incremento salarial de 2,5%. Publicado
en: https://www.paginasiete.bo, el 29 de abril de 2019.
[iii] Castro,
Luis; Aillon, Tania y Peredo, Samuel (2014) La lucha del MAS por la hegemonía
al interior de la
COB en Bolivia
[iv] Ídem.
[v] Ídem.
[vi] Castro,
Luis; Aillon, Tania y Peredo, Samuel (2014) La lucha del MAS por la hegemonía
al interior de la COB en Bolivia.
[vii] Ídem.
[viii]
Ídem.
[ix] Ídem.
[xi] Aillón, Tania (2019)
[xii] FUNDEMPRESA (2018) Estadísticas del Registro de Comercio de
Bolivia - julio 2018. Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista el
10 de junio de 2019.
[xiii] INE (2018) Anuario estadístico 2017.
[xiv] Castro, Luis (2017)
[xv] Castro, Luis y Peredo, Samuel (2017)
[xvi]
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