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jueves, 13 de junio de 2019

Los giros y contragiros de la política laboral del MAS




Luis Fernando Castro López


En estos últimos meses, el escenario político ha sido permeado por los problemas de la recesión económica mundial en la economía boliviana, muestra de la larga recesión que vive el capitalismo desde 2008. Pero lo particular de los últimos meses, es que aparece en la escena publica el problema del empleo y del trabajo, esta vez desde la voz de los empresarios privados nativos y de los patrones de las empresas transnacionales, quienes hablan de los efectos de la crisis sobre la economía interna de sus empresas[i]. La reacción no se ha dejado esperar desde los sindicatos, que presionaron a la COB, para pronunciarse en contra de la propuesta de Ley General del Trabajo presentada por los empresarios privados. El hecho es que, en este tiempo de recesión, la burguesía nativa ha tomado una posición activa y sistemática para la modificación normativa sobre el empleo y el trabajo, sus voces no solo han hecho eco en los obreros que advierten peligro en su estabilidad laboral, sino también, en el gobierno, que ha propuesto un aumento salarial irrisorio favoreciendo a los patrones y mostrando una posición conservadora en relación a los años de auge[ii].  En este nuevo escenario nos preguntamos: ¿cuáles son los zigzags de la política laboral del gobierno?

1      1. LA REFORMA LABORAL DEL MAS: DE LA REORGANIZACIÓN SINDICAL AL CONTROL POLÍTICO DE LOS SINDICATOS

El ascenso del MAS al poder del Estado, fruto de la crisis política de la antigua oligarquía, apertura una etapa de reposicionamiento de los grupos y clases en Bolivia muy importante para entender los cambios en las relaciones entre obreros y patrones. Los primeros años de gobierno (2006 – 2009), se caracterizaron por la polarización entre la antigua oligarquía (que aun controlaba varios gobiernos locales) y el gobierno del MAS, en esta polarización se disputaba el control del aparato estatal y la hegemonía[iii]. Una polarización que posicionó a la clase obrera, a lado del gobierno del MAS.

En esos años se aprobaron reformas laborales que restituían la vigencia de la Ley General del Trabajo (LGT) y se anularon artículos del DS. 21060, que legalizaban la libre contratación. Esta reforma estuvo encaminada; inicialmente, a prohibir la subcontratación y la tercerización, bajo la forma de contratos civiles o comerciales.  Hubo, también, un cambio de orientación en la intermediación laboral de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, a favor de los trabajadores. Las inspecciones laborales se volvieron frecuentes, se apoyaban los pliegos petitorios y las direcciones sindicales establecieron una alianza con el gobierno, mediante la elección de los directores de trabajo a nivel departamental. La correlación de fuerzas favorable a los obreros, se tradujo en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales obreras y la restitución de sindicatos en sectores estratégicos de la economía boliviana, como el de hidrocarburos y el de minería[iv].

La reforma normativa facilitó la reorganización sindical, en un momento de correlación de fuerzas favorable para los obreros, estas posibilidades de reorganización se tradujeron en una presión política, por parte de las direcciones sindicales, exigiendo la profundización de la reforma laboral orientada a restituir antiguas conquistas laborales:  La reorganización sindical y la mayor regulación del trabajo, se dieron, además, en una etapa en la que el MAS orientó al movimiento obrero, hacia la lucha contra la oligarquía tradicional por el control del Estado[v],  en una fase de auge del ciclo económico, en la cual, los conflictos entre obreros y patrones (fruto de la intensificación del trabajo y la sobreexplotación) fueron contestados con la lucha por el reconocimiento de derechos laborales y con la disputa por una redistribución de la plusvalía, mediante la demanda de nuevos bonos o retribuciones salariales no contempladas en la ley.

 Después de la derrota política de la “media Luna”, se apertura una segunda etapa, caracterizada por la extensión de la hegemonía del gobierno del MAS[vi], en la su política laboral toma un giro. Para el gobierno ya no se trataba de fortalecer el movimiento obrero sindical de la COB, sino más bien, de cómo controlarlo[vii]. El MAS buscó frenar las movilizaciones obreras y establecer un periodo de estabilidad política que le permita encausar su proyecto de desarrollo de un capitalismo andino amazónico; en este sentido, se pueden entender, las disputas intrasindicales, en las que se generaban direcciones paralelas en las federaciones departamentales de trabajadores fabriles[viii]. Dentro de esta dinámica, se pueden entender las posiciones contradictorias de la burocracia de la COB, entre la fidelidad a la exigencia de las bases obreras o la fidelidad al llamado “proceso de cambio”[ix], pero también, el cambio de orientación de las jefaturas departamentales y la aprobación de una ley que legalizaba la tercerización y la subcontratación con su respectiva regulación, por la que se establecía que los obreros fluctuantes gocen de los derechos laborales vigentes en la Ley del Trabajo, pero solo mientras duren sus contratos temporales.

            Esta segunda etapa de estabilización, se caracterizó por la presencia de quiebres entre las demandas obreras, la política económica y la reforma laboral del gobierno. La reorganización de la clase obrera habría significado, además, la emergencia de un movimiento combativo al interior de las matrices sindicales. En este escenario, la propia reforma laboral del gobierno quedó rebasada por las reivindicaciones de fábrica de los obreros y la emergencia de movimientos con demandas “ilegales”. Las movilizaciones por la restitución de beneficios salariales, regulados legalmente, dieron paso a la disputa por el excedente al interior de las fábricas, las limitaciones encontradas por los obreros en las leyes laborales fueron sustituidas por nuevas reivindicaciones salariales, por ejemplo, varios sindicatos se vieron imposibilitados de elevar el salario mediante los procesos de categorización, ya sea porque las condiciones técnicas no permitían dicha categorización o porque la categorización solo permitiría el ascenso de muy pocos, o porque la mayoría ya había llegado al tope de su categoría sin posibilidades de elevar su salario; en estos casos, los obreros optaron por la exigencia de bonos  o compensaciones no contempladas en la ley, en muchos casos primó un sentido colectivo (todos debían beneficiarse de la situación de auge económico) y pusieron en aprietos a las jefaturas departamentales y a la burocracia sindical. Uno de los puntos de disputa[x], giró en torno a la apropiación del excedente generado en las fábricas, donde el Estado, junto a la burocracia sindical aliada, trataba de poner límites a la lucha obrera, abogando por la sostenibilidad de la empresa.  En esta etapa, las aristas combativas del movimiento obrero sindicalizado llegaron al grado más alto de movilización en la protesta contra las elevadas tasas de inflación y el gasolinazo en los años 2010 a 2012.

            Las disputas por la distribución del excedente pasaron del espacio de la fábrica hacia el escenario estatal, ya no se trató de la medida del trabajo ligado a algún oficio o puesto, sino en torno a la medida general del salario, en relación a la canasta familiar, el punto de disputa central no fue en sí la medida del salario, ya que esta medida siempre está en disputa, sino la referencia de esta medida. El gobierno proponía equilibrar el salario a la tasa de inflación y las posiciones obreras ponían en discusión la capacidad adquisitiva del salario. La resolución del conflicto fue la negociación de incrementos salariales por encima de la tasa de inflación y una serie de medidas destinadas a bajar las tasas de inflación desde la venta de productos subvencionados hasta las restricciones de exportación de alimentos para bajar los precios de productos de la canasta familiar.

Si la reforma laboral facilitó la reorganización obrera, ahora con ella se buscaba ahogar el impulso combativo de los obreros sindicalizados. Lo interesante es que las normas legales sirvieron como instrumento de control de las movilizaciones y eso se debe, en primer lugar, a que el gobierno logró imponer el espacio legal e institucional como espacio privilegiado de la lucha por reivindicaciones obreras, de manera que las direcciones sindicales adoptaron el espacio legal como principal espacio de disputa. En segundo lugar, las direcciones sindicales se forjaron en una escuela política legalista y reformista y desde esa línea ayudaron a reprimir y direccionar las movilizaciones obreras por la lucha estrictamente legal. La finalización de este periodo se da con la paulatina supresión de las movilizaciones nacionales contra el Estado, pero que abre nuevos escenarios de lucha, ya no por la recuperación de otros derechos laborales, tampoco por el avance y profundización de las reivindicaciones conseguidas en los primeros años de gobierno del MAS, sino en defensa de estos derechos, lucha que, además, se libra con la recesión económica como telón de fondo, desde el año 2014.

2. RECESIÓN Y AJUSTES NORMATIVOS EN LA REFORMA LABORAL
Hay algunos rasgos que muestran, cómo la caída de los precios de las materias primas y la crisis de la economía europea y norteamericana, afectaron la economía en Bolivia; uno de estos indicadores fue la caída del gasto corriente y del gasto en capital del gobierno, desde el 2014, junto a la caída del precio de las materias primas[xi]. En el mismo sentido, el crecimiento acelerado de empresas hasta el 2013, desde el 2014, experimenta una disminución significativa, junto al incremento del cierre de empresas[xii].
En los mercados laborales, esta nueva situación económica, se manifestó en la caída del número de empleados y de obreros, y el crecimiento significativo de la población dedicada a actividades por cuenta propia[xiii]. En el escenario político, se viven movimientos de protesta por el incumplimiento del pago de salarios y amenazas de despido; los casos más emblemáticos, son los de ENATEX (desde el 2014 hasta su cierre definitivo el 2016) y de HUANUNI (Desde el 2013 a la actualidad). La burocracia sindical presionada por sus bases frente al cierre de empresas, buscó que el gobierno apruebe una ley que permita la reversión de las empresas a manos obreras.

Este periodo, que comprende los últimos 4 años, se caracteriza porque la política laboral del gobierno da un nuevo giro en su orientación normativa. Ahora en el gobierno prima una orientación de carácter, eminentemente económico, sus diversas reformas y acciones se dirigen a manejar el salario y el empleo, como mecanismos de ajuste. Por ejemplo, se establecieron dispositivos que frenen los gastos en salarios en las empresas municipales y estatales autónomas[xiv]. El gobierno llevó adelante un proceso de racionalización en las empresas estatales que derivaron, de una parte, en el cierre de ENATEX y ECOBOL y de otra, en la propuesta de procesos de reingeniería en YPFB y la COMIBOL[xv].

Por otra parte, el ajuste económico se ha plasmado en la reestructuración de los sistemas de jubilación y de seguridad a corto plazo, para ponerlos bajo control del gobierno, con la creación de instancias estatales de administración y control centralizadas, como la gestora de las pensiones de jubilación y la creación del ASUS. Es decir, el gobierno en esta etapa recesiva, no solo ha tratado de normar y regular el gasto de gobierno dirigido al empleo, sino que se ha propuesto controlar los más grandes fondos de recaudación de excedentes, en la perspectiva de contar con fondos, para remontar el peligro inminente de un déficit fiscal, esto explica, por ejemplo, que el gobierno haya utilizado los fondos de pensiones para el financiamiento de la agroindustria privada a fondo perdido, de esta manera, el Estado ha pasado de ser el garante y sostenedor del sistema social a ser el administrador financiero.

En el caso del empleo en el sector privado, la política del gobierno se ha dirigido a prolongar los procesos judiciales en materia laboral, entre los trabajadores que no tienen sindicato organizado y que son objeto de despido y de no reconocimiento a sus beneficios regulados por ley, de forma frecuente. Sin embargo, hay dos medidas que destacan en este periodo, la primera, tiene que ver con los programas que subvencionan la inserción laboral en empresas privadas, en los que el Estado ha sido convertido en mediador de los procesos de inserción laboral[xvi], para el sector privado( con el fin de paliar el crecimiento del desempleo en la etapa recesiva) y la segunda, tiene que ver con que ha consentido que las patronales tomen la declaración en quiebra, como una estrategia de evasión de derechos laborales, mediante el cierre de la empresa y el traspaso de algunos empleados a otra empresa,  con diferente  razón social.  De hecho, el gobierno ha utilizado esta estrategia en el cierre de ENATEX, y solo la presión obrera, le ha impuesto poner cláusulas que excluyan a los empresarios privados de esta práctica. 


CONSIDERACIONES FINALES
      
     La política laboral del MAS en el curso de sus gobiernos consecutivos, pasa por diferentes etapas, que generan distintos puntos de disputa con las organizaciones obreras. Puntos de disputa que muestran la dirección que tomó la reforma laboral, como resultado, no solo de las acciones seguidas por el gobierno dentro de su programa; sino también, de los efectos de la lucha de clases sobre la misma reforma. Así se identifica que los puntos de disputa en cuanto a reforma laboral han pasado de una posición ofensiva de los trabajadores, en la búsqueda de profundizar en la reconquista de derechos laborales a una posición defensiva de los derechos adquiridos en el periodo previo.  Esto último se debe a que el gobierno ha transitado de una posición que favorecía a los avances en las conquistas laborales de los trabajadores, a una posición conservadora. La regulación estatal ha pasado de poner límites a la explotación capitalista, a controlar la movilización de los obreros, para favorecer a los intereses patronales; al mismo tiempo que, ha convertido al salario y al empleo en variables de ajuste en la etapa recesiva del ciclo económico. Lo que nos muestra el claro carácter de clase del Estado, al mismo tiempo que los límites de una política laboral reformista, que, encasillada en los marcos del Estado capitalista, no puede menos que volcar la cara a la clase obrera, cuando la nave de los patrones empieza a naufragar, tratando de salvarla con medidas que la favorezcan directa o indirectamente.




[i] Empresarios de Cochabamba demandan cuatro medidas tras alza salarial. Publicado en: http://www.opinion.com.bo, el 02 de mayo de 2019.
[ii] COB rechaza propuesta gubernamental sobre incremento salarial de 2,5%. Publicado en: https://www.paginasiete.bo, el 29 de abril de 2019.
[iii] Castro, Luis; Aillon, Tania y Peredo, Samuel (2014) La lucha del MAS por la hegemonía al interior de la
COB en Bolivia
[iv] Ídem.
[v] Ídem.
[vi] Castro, Luis; Aillon, Tania y Peredo, Samuel (2014) La lucha del MAS por la hegemonía al interior de la COB en Bolivia. 
[vii] Ídem.
[viii] Ídem.
[ix] Ídem.
[xi] Aillón, Tania (2019) El empleo industrial dentro del patrón de acumulación primario exportador en Bolivia (mimeo).
[xii] FUNDEMPRESA (2018) Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia - julio 2018. Visto en: http://www.fundempresa.org.bo, ultima vista el 10 de junio de 2019.
[xiii] INE (2018) Anuario estadístico 2017. Visto en: https://www.ine.gob.bo, ultima vista el 10 de junio de 2019. 
[xiv] Castro, Luis  (2017) La sobreexplotación de los obreros, sostén de los servicios municipales. Visto en:  https://llankaymantabolivia.blogspot.com, ultima vista el 13 de junio de 2019.
[xv] Castro, Luis y Peredo, Samuel (2017) Ajuste patronal en YPFB: ¿reingeniería o carga de la crisis sobre los trabajadores? Visto en:  https://llankaymantabolivia.blogspot.com, ultima vista el 13 de junio de 2019.
[xvi] Castro, Luis  (2017) El PAE: ¿Una solución para el desempleo? Visto en:  https://llankaymantabolivia.blogspot.com, ultima vista el 13 de junio de 2019.

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